Los empleados de la fábrica de San Cibrao celebrarán el próximo lunes una asamblea
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)
La negociación entre Alcoa y el comité de la fábrica de San Cibrao ha finalizado este jueves sin acuerdo tras cuatro jornadas maratonianas en Santiago. De tal forma, los trabajadores someterán a referéndum la última propuesta de la compañía.
En declaraciones tras el encuentro, el presidente del comité, José Antonio Zan, ha lamentado que la empresa se ha negado a dar marcha atrás en la hibernación de las cubas durante los dos próximos años, si bien se ha “avanzado” en algunas garantías respecto a las inversiones. El próximo lunes, 27 de diciembre, los trabajadores celebrarán una asamblea general a partir de mediodía.
Alcoa lanzó el pasado miércoles un ultimátum al comité de empresa de la planta de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo). Así, fija este martes, 28 de diciembre, como fecha límite –a las 14,00 horas– para que el acuerdo esté firmado.
Esa última oferta de la compañía pasa por una inversión de 103 millones de dólares (más de 90 millones de euros al cambio) para “la viabilidad futura y crecimiento de la planta”, incluido el reinicio de las cubas de electrólisis en 2024 tras una parada de dos años, y como garantía se constituirá un depósito restringido por la misma cuantía.
Según explica este jueves el comité, Alcoa se compromete a trabajar con ocho suministradores de energía con los que ya está en contacto, para alcanzar acuerdos a medio y largo plazo (PPAs), que entrarían en vigor a partir del 2024 y tendrían una vigencia a 10 años.
Accede al seguimiento de estas negociaciones, así como de las inversiones y la evolución del acuerdo, a través de una mesa en la que estarían presentes el comité (dos miembros por sindicato), Xunta y Gobierno, con una frecuencia mensual los seis primeros meses y trimestral de ahí en adelante.
En cuanto al plan para los años 2022 y 2023, Alcoa ofrece garantía de facturación de las empresas auxiliares durante los dos primeros años, con contratos garantizados a tres años (2022 a 2024) de aquellas empresas externas directamente afectadas por el cese temporal. Además, habrá preferencia de contratación para las empresas de suministros y transportistas locales.
En lo tocante a inversiones en los dos primeros años, figuran unos 37 millones de euros para actuaciones como la reconstrucción de horno de cocción para ánodo grande; a lo que se unen más de 5 millones para un transformador nuevo (TRG) con ajustador de tensión, diseñado para 200.000 amperios; y un horno de homogeneizado (2,6 millones). Hay un 31 millones reservados para el rearranque de las cubas en un proceso de seis meses a partir de 2024.
Igualmente, seguirá operativa la actividad en fundición y la planta de alúmina, con un plan comercial durante estos años, a razón de 65.000 toneladas anuales de tocho y previsión de venta de 25.000 toneladas anuales de placa. Los compromisos con los clientes no se verían afectados.
CONDICIONES PARA LOS TRABAJADORES
Este acuerdo incluye la condición de que los trabajadores levanten la huelga y se comprometan a la paz social durante su vigencia.
En la planta de aluminio no se acometerán expedientes de despido colectivo (ni ERE ni ERTE), durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Así, los trabajadores afectados seguirán su calendario habitual. La dirección de planta indicará las tareas a realizar, incluyendo formación, sustituciones o actividades de mantenimiento y limpieza de instalaciones. En caso de ausencia de trabajo, se facilitará permiso retribuido por el periodo correspondiente.
A partir del 1 de enero de 2025, derivado de la formación y ejecución de inversiones, se realizarán las revisiones de aquellos puestos que así lo requieran.
Además, se harán los contratos directos a fecha de 1 de enero de 2023 de todos aquellos empleos temporales que, durante el año 2021, hubieran tenido un contrato de puesta a disposición.
Por su parte, habrá un convenio con vigencia de seis años, del 2020 al 2025. Entre otras cuestiones, recoge un incremento salarial del 2% anual, tanto en tablas como ayudas, pero sin cláusula de revisión del IPC.
COMPROMISOS DE ADMINISTRACIONES
Según traslada el comité, la Xunta se compromete a agilizar el proyecto de la DBR presentado por Alcoa en caso de que cumpla los requisitos jurídicos y medioambientales, así como facilitar la tramitación de los proyectos energéticos ligados a las PPA bajo su competencia (proyectos energéticos por debajo de los 50 megavativo).
También compromete el Gobierno gallego “el apoyo y ayudas a los proyectos de inversión bajo su competencia industrial, específicamente proyectos de eficiencia energética e innovación para grandes empresas, a razón del 30% de la cuantía del proyecto”, explican los trabajadores.
El Gobierno central ofrece el apoyo y ayudas a los proyectos de inversión bajo sus competencias industriales y energéticas, de manera que se incrementaría el importe actualmente comprometido para las inversiones.
Este aumento en el importe destinado a las inversiones, a liberar del importe comprometido en el depósito destinado a inversiones, estará vinculado a un plan de incremento de intensidad, así como a proyectos de mejora de la productividad, eficiencia energética y competitividad de la planta, relata el comité.