Ambas compañías defienden que la penalización es infundada
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Un consorcio formado por Budimex (la filial polaca de Ferrovial), Técnicas Reunidas y Mitsubishi ha recibido una sanción de 122 millones de euros por parte de PGE, principal operador eléctrico polaco cotizado en Bolsa, que encargó a estas empresas las obras de ampliación de una central eléctrica de carbón situada en este país y cuya entrega se habría retrasado.
PGE argumenta en un comunicado al mercado que esta penalización responde al incumplimiento contractual del consorcio de garantizar que la central estuviese disponible durante el primer año de garantía, algo que no habría ocurrido tras tener que pararse la unidad de producción durante varios días del año pasado.
En concreto, las dos empresas españolas y la japonesa entregaron en mayo de 2021 las instalaciones, seis meses más tarde que lo inicialmente acordado, dadas las disrupciones provocadas por la pandemia. No obstante, esto no fue motivo de retraso puesto que ambas partes acordaron esta prórroga.
Pese a que la polaca no precisa el motivo de la sanción, las disputas podrían explicarse por las interrupciones en el servicio registradas en octubre del año pasado. El día 4 de ese mes se apagó la unidad y no se restituyó hasta unas semanas después, dentro del periodo de garantías contractual. En junio, también se paró, pero las dos partes dijeron que estaba planificado.
Fuentes de Técnicas Reunidas han explicado a Europa Press que la reclamación del cliente es “infundada”, por lo que han considerado que no hay motivo para ninguna reclamación. La misma posición ha adoptado Budimex, que, en un comunicado, ha afirmado que no incluirá esta penalización en sus cuentas, al defender que estos parones se debieron a inspecciones pactadas con PGE.
La participación de Técnicas Reunidas en el proyecto es del 23% y la de la filial polaca de Ferrovial del 24%. Budimex, además, ha defendido que PGE no puede deducir la penalización contractual para satisfacer sus pretensiones, como consecuencia de las leyes aprobadas en Polonia en el marco de la crisis sanitaria.
El contrato se adjudicó en 2014 por 770 millones de euros y consistía en la ampliación de la central de Turów, ubicada en el Sudoeste del país, a través de la construcción de un nuevo bloque energético con una potencia máxima de 450 megavatios (MW).