MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha indicado este martes que la intención del Gobierno de eliminar la concesión de la llamada ‘Golden Visa’, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles, es una “cortina de humo” tras el “fracaso” de la ley de vivienda.
En un comunicado, FAI enmarca también este anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizado ayer en Sevilla, a la cercanía de las elecciones en Cataluña, País Vasco y la Unión Europea, y ha lamentado que España “sea víctima” de estos procesos electorales.
Así lo ha manifestado el presidente de FAI, José María Alfaro, que ha añadido que si el “único y principal” objetivo de la aprobación de esta medida es facilitar el acceso a la compra de una vivienda a las rentas medias y bajas, estamos “ante una cortina de humo tras el fracaso de la ley de vivienda”.
Según un estudio de FAI, entre las viviendas adquiridas para residencia habitual en 2023, el 61,2% fueron adquisiciones de propietarios que cambiaron de casa, el 21,4% compras de personas que querían emanciparse y el 17,4% fueron compradores que cambiaron el alquiler por una casa en propiedad, según FAI, que sitúa la edad media del comprador en 41,4 años.
El precio medio de la vivienda más demandado se movió entre los 100.000 y 200.000 euros, con lo que el problema para acceder a comprar una vivienda afecta “al sector de la población más joven y con apenas ahorros”, señala Alfaro, que asegura que la ‘Golden Visa’ no logrará que la vivienda sea “accesible y asequible”.
Alfaro sí valora positivamente la aprobación por parte del Gobierno central de los avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes y familias con menores a su cargo, aprobados hoy por el Consejo de Ministros, pero afirma que su ejecución debe ser “eficaz y rápida”.
Por último, el presidente de la FAI ha apelado por más medidas para facilitar a las personas jóvenes con ingresos medios el acceso a la vivienda, mayores incentivos para que salgan más viviendas al mercado del alquiler y actuar “de forma eficiente” para proteger la propiedad privada en caso de impago de rentas.