MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Expertos en pensiones han cuestionado este miércoles la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones que propone el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y consideran que peligra su viabilidad y sostenibilidad.
En la mesa redonda “El futuro del sistema de pensiones tras la reforma”, organizada por ‘El Español-Invertia’, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, se ha referido a la primera parte de la reforma, ya aprobada, que, en su opinión, “desmonta los mecanismos de control automático” con los que contaba la legislación anterior.
De la Fuente ha criticado la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), puesto que “no es un mecanismo y no contribuye a la equidad”.
“Es una subida transitoria a las cotizaciones. Una vaga promesa de que si en su momento hace falta hacer algo más, ya lo haremos”, ha dicho el director ejecutivo de Fedea sobre el MEI, que establece una cotización adicional finalista de 0,6% sobre el salario bruto, de la que un 0,5% corresponderá a la empresa y un 0,1% al trabajador, establecido, de entrada, hasta 2032.
Además, duda de los incentivos para alargar las carreras laborales, ya que su impacto en las cuentas “será casi neutro”, ya que más años trabajados exigirán pensiones más altas.
También ha recordado que la medida que ha propuesto Escrivá para la segunda parte de la reforma, la prolongación progresiva del periodo de cálculo a 30 años, descartando los dos peores, tendrá un impacto “muy próximo a la neutralidad” o, como mucho, “un pequeño ahorro de dos o tres décimas”.
Asimismo, considera que “convertir las cotizaciones en salario diferido” es “un impuesto puro y duro” y advierte de que “de ahí no va a salir mucho dinero”.
De la Fuente ha señalado que el aumento del gasto en pensiones es sostenible, pero se tiene que “sacrificar algo en su lugar”.
“Esto amenaza con comerse todos los marcos fiscales que tenemos y dejarnos sin recursos para otras necesidades. La reforma no está bien orientada”, ha recalcado el director ejecutivo de Fedea.
En la misma línea, el miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles y responsable del Grupo de Trabajo de Pensiones, Gregorio Gil de Rozas, ha reconocido que todavía no se conoce “el detalle de la reforma que va a venir en los próximos días”, aunque ya descuenta que “el coste va a aumentar y la sostenibilidad del sistema va a empeorar”.
Gil de Rozas ha advertido de que las medidas se enfocan en “incrementar las pensiones para los pensionistas de hoy”, pero esto “pone en riesgo la estabilidad para los pensionistas del mañana”.
A su parecer, el “nivel de generosidad” de las pensiones, en lo que se refiere a prestaciones, han ido mejorando en los últimos años sin que nadie informe a la sociedad de cuánto va a costar.
Desde el Instituto de Actuarios Españoles, ha alertado de que el sistema de pensiones tiene el reto de enfrentarse en los próximos años a la “gran jubilación de los ‘baby boom'” y el coste “va a crecer”.
“Como sociedad, no tenemos datos sobre costes y cómo se van a pagar”, ha recalcado, al tiempo que ha lamentado que las medidas se tomen con “decisiones políticas” y no técnicas”.
Para Gil de Rozas, una posible solución para abordar las pensiones sería copiar el modelo anglosajón, con la incorporación de una oficina independiente en materia de pensiones, que respondiera ante el Congreso y no ante el Gobierno.
El objetivo de esta oficina sería hacer “proyecciones independientes con la ciencia actuarial” y ofrecer respuestas a las consultas del Ejecutivo, para los políticos, al margen de su ideología, “puedan tomar decisiones informadas”.
Gil de Rozas se ha mostrado optimista con esta idea, que ya ha compartido con el ministro Escrivá y ha visto “receptividad” por su parte.
“Seguro que en la siguiente legislatura, algún partido político, o todos, lo mismo lo abandera”, ha pronosticado.
De hecho, para los años venideros, también ha vaticinado una corrección de la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, como ocurre en la actualidad con la nueva normativa, porque “va a generar un gasto tan alto que va a tener que echarse para atrás”.
Asimismo, ha insistido en que, al margen de las medidas técnicas, es imprescindible informar e explicar a la sociedad sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, con sus ingresos y sus gastos.
“Los pensionistas reciben un 51% más de lo que han aportado. Eso no se sabe, ahora mismo todo cabe. La sociedad tiene que ser consciente de cómo funciona el sistema, que es contributivo, de reparto, que sirve para pagar pensiones actuales y nos va a generar una acumulación de derechos, y esas nuevas pensiones se pagarán con los activos de ese momento, y eso va a tener un límite”, ha agregado.
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El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, ha abordado el sistema de pensiones desde su segundo pilar, los planes de pensiones de empresa.
Martínez-Aldama ha lamentado que el 74% de las empresas desconozcan sus ventajas y cree que habría sido bueno que “se hubiera puesto en marcha una campaña para las empresas, para poner de manifiesto las bondades”.
No obstante, considera que más que una nueva ley para promoverlo habría bastado con hacer enmiendas a la actual y ha recalcado que tiene menos incentivos que la ley de 2005.
El presidente de Inverco ha expuesto que de los 700 convenios colectivos de 2022 solo cuatro reflejaban la implementación de un plan de empresa, por lo que su implantación es “de maduración lenta”.
Asimismo, cree que la retirada de los incentivos al tercer pilar, el de los planes privados, para potenciar el segundo debería haberse hecho de una manera más “acompasada”, con “resultados objetivos y claros”.
Por otro lado, Martínez-Aldama ha instado al Gobierno a modificar la Ley de Contratos del Estado, que “lleva desde el año 2012 con limitaciones y restricciones a que las administraciones públicas hagan aportaciones” a los planes de empresa.
“Si queremos extrapolar a todo el sector privado, a todas las empresas, qué mejor que los poderes públicos abanderen ese camino”, ha recomendado el presidente de Inverco.
Por su parte, desde Fedea, su director ejecutivo valora estos planes de empresa pero recalca que “no tiene sentido cargarse los fondos individuales”.
En el caso del Instituto de Actuarios Españoles, Gil de Rozas valora la diversificación de las fuentes de ahorro para la jubilación, para que los trabajadores no dependan solo de la Seguridad Social.