Según Fedea, la única forma de avanzar en dirección que pretende la ley es que el sector público asuma el papel de comprador de último recurso
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El establecimiento de suelos de precios a la vieja usanza, que sólo podrían sostenerse mediante la compra pública de los correspondientes excedentes es una de las medidas para aplicar el contenido actual de la Ley de la Cadena Alimentaria y prohibir la venta a pérdidas, según Fedea.
En concreto, así lo expone Ángel de la Fuente en una nota en la que argumenta que es “muy improbable” que tales cláusulas se puedan aplicar de forma efectiva, que si se consiguiera hacerlo habría consecuencias negativas a medio y largo plazo para la eficiencia del sector.
De esta forma, señala que la única forma posible de implementar algo parecido a lo que busca esta norma es “mediante el establecimiento de suelos de precios a la vieja usanza, que sólo podrían sostenerse mediante la compra pública de los correspondientes excedentes”.
De la Fuente concluye que no parece que este aspecto de la reciente reforma de la ley haya abierto una “vía novedosa o prometedora” para mitigar los problemas del sector, o que su reforzamiento “sea aconsejable”.
La reforma de la ley de la cadena busca instaurar un nuevo derecho para los operadores del sector alimentario, el de recuperar sus costes o vender su producción sin pérdidas.
Según De la Fuente, este derecho, sin embargo, sólo existirá efectivamente si alguien tiene la obligación de comprar esa producción a un precio suficiente, pero tratar de imponer tal obligación a agentes privados es “seguramente ilegal” en Europa.
“En una economía de mercado con libertad de contratación como la nuestra, no es posible obligar a los compradores de productos alimentarios a contratar con los productores menos eficientes pagando precios superiores a los de mercado para así cubrir los costes de estos últimos”, recuerda.
En la opinión del autor, la única forma posible de avanzar en la dirección que pretende la reforma de la ley de la cadena es que el sector público asuma el papel de comprador de último recurso para garantizar el derecho de los productores alimentarios a vender a un precio determinado.
Así, el derecho a la recuperación de unos “costes razonables” podría implementarse mediante la fijación de suelos de precios en el sentido tradicional del término para los productos alimentarios.
Según De la Fuente, estos suelos podrían referenciarse a los costes medios de producción de cada producto, pero también podrían fijarse a niveles más elevados si se considera necesario un mayor nivel de apoyo al sector alimentario doméstico.
El autor del artículo señala que “fijar precios mínimos generosos para proteger la producción doméstica podría tener sentido en la medida en que permita ganar seguridad y autonomía en un mundo cada vez más complicado y peligroso”.
De esta forma, subraya que el problema es “encontrar un equilibrio razonable entre los distintos intereses y objetivos en conflicto, pero la reforma de la ley de la cadena alimentaria que se discute ni lo resuelve ni da mejores herramientas para afrontarlo”.