Ribera condiciona el acuerdo sobre el techo de precios a la aprobación del reglamento de solidaridad y la aceleración de renovables
BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que España reclamará un límite de precios a las compras de gas que sea dinámico, que tome como referencia mercados internacionales y que incluya un plus que deberá ser fijado por los Veintisiete, frente a la propuesta de la Comisión Europea de un techo de 275 euros el megavatio hora (Mwh), que Ribera califica de “broma de mal gusto” y que ha suscitado críticas de la mayoría de Estados miembro por su elevado umbral.
“Creemos que poner un precio fijo es un error” ha afirmado la ministra a su llegada al consejo extraordinario de energía que se celebra este jueves en Bruselas, donde los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) debatirán el tope al precio de las compras de gas que plantea la Comisión y que, a juicio de Ribera, “parece estar diseñado para que nunca jamás se llegue a aplicar”.
A pesar de no haber concretado cifras sobre ese precio dinámico, Ribera sí que ha recordado que “en contra de lo que España creía adecuado”, la Comisión propuso un reglamento para fijar el precio máximo por tecnologías a la hora de hacer minoración en el sistema eléctrico en 180 euros el megavatio hora (MWh), que, según ha incidido, “representa un precio de gas muy por debajo de los 275 euros, muy por debajo”.
Asimismo, los titulares de Energía de los Veintisiete buscarán el acuerdo en una reunión que Ribera prevé “intensa” sobre otros dos textos presentados por el Consejo: el reglamento de solidaridad, que pretende reforzar la aportación de recursos a países con dificultades por parte de aquellos que tengan capacidad de solventarlas y otro sobre las maneras de acelerar el despliegue de energías renovables.
“Sería enormemente desequilibrado respaldar políticamente y adoptar hoy las dos propuestas del Consejo y, sin embargo, dejar en el vacío la de la Comisión”, ha aseverado Ribera, quien ve una relación “muy estrecha” entre los tres textos”, por lo que cree que sería “enormemente desequilibrado” no vincularlos aunque el planteamiento de Bruselas le parezca “absolutamente inaplicable, ineficaz y fuera de propósito”.
En este sentido, la ministra considera un “error” dar salida a las propuestas de solidaridad y compra conjunta sin tener claro qué representa eso en términos de impacto de precios a los que se oferte ese gas o a los que se deba proporcionar en base al reglamento de solidaridad, por lo que cree que los tres textos deberían aprobarse en un paquete conjunto porque “el precio del gas es el origen del problema”.
No obstante, ante un debate que prevé “complicado” y con posiciones nacionales “divididas”, Ribera se muestra optimista al señalar que los ministros de Energía están en condiciones de llegar a un acuerdo en torno a las líneas maestras de las tres variantes que presenten un horizonte “mucho más compacto y coherente en unas dos o tres semanas”, pero respaldar hoy parte de ese paquete dejando abierto un elemento tan importante como es la orientación sobre cual debe ser la senda general de precios a la que compramos gas sería un error. El precio del gas es el origen del problema.
PREOCUPACIÓN POR LA ACELERACIÓN DE RENOVABLES
Por otro lado, la ministra ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la aceleración del despliegue de energías renovables introduzca una “gran incertidumbre jurídica” con respecto a por qué las energías renovables presentan, en determinado momento, un interés superior a la protección ambiental.
“Creemos que es un texto confuso, desequilibrado y que puede llevar a una gran litigiosidad por parte de promotores de renovables y de defensores ambientales”, ha explicado la titular de Energía, quien ha avanzado que el Gobierno español insistirá en la necesidad de precisar en qué condiciones y en qué momento se puede acelerar el procedimiento de permiso de este despliegue pero no con una llamada “tan abierta” para que sean los Estados miembro quienes decidan si desvincularse del paquete de protección ambiental y en qué momento dar prioridad a las renovables.