BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles crear un fondo contra la pobreza energética dotado con unos 72.200 millones de euros al que podrán recurrir los países para asistir a los hogares más vulnerables en la transición ecológica, un instrumento del que España recibiría cerca de 7.600 millones en el periodo 2025-2032.
España sería así el cuarto país con más apoyo de este fondo pensado para ayudar a los particulares y a las pequeñas empresas a afrontar el aumento del coste energético con las nuevas medidas que pide Bruselas para allanar el camino de la UE hacia el objetivo de convertirse en un continente neutro en emisiones contaminantes en el horizonte de 2050.
La propuesta de Bruselas tiene que pasar aún por la negociación con el Parlamento europeo y los Veintisiete para ver la luz, lo que podría modificar algunos de sus objetivos.
Para ello, el Ejecutivo comunitario plantea una ‘hoja de ruta’ compuesta por doce medidas para responder al objetivo revisado de una reducción del 55% de las emisiones de CO2 en 2030 con respecto a los registros de 1990, que incluye la actualización de normas ya existentes pero también novedades como la de este fondo.
El Fondo Social para el Clima se nutrirá del propio presupuesto europeo hasta sumar el equivalente a un 25% de los ingresos previstos a través de un nuevo régimen del sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que se aplicará al transporte en carretera y al consumo energético de los edificios, por ejemplo por la combustión de energías fósiles para la calefacción.
Los recursos disponibles a través del fondo contra la pobreza energética permitirá a las familias más vulnerables afrontar el pago de su factura energética pero también costear inversiones para mejorar la eficiencia de sus viviendas, instalar sistemas de refrigeración sostenibles o apostar por una movilidad más limpia, como con la compra de vehículos eléctricos.
El Ejecutivo comunitario quiere además que los Estados miembro contribuyan con una cofinanciación al 50%, lo que en la práctica elevará la capacidad del fondo hasta los 144.000 millones de euros (15.200 millones en el caso de España).
Para establecer la clave de reparto, la Comisión ha tenido en cuenta factores como la población en zonas rurales en riesgo de pobreza, el porcentaje de familias en riesgo de pobreza con facturas atrasadas de servicios básicos o el RNB per cápita.
Por tanto, si esta propuesta sale adelante en los términos planteados por Bruselas, España recibirá al menos 7.600 millones de euros, solo por detrás de Polonia (12.700 millones), Francia (algo más de 8.000 millones) e Italia (7.800 millones).
Para optar a esta financiación, los países deberán presentar previamente planes específicos a la Comisión Europea en los que detallen el tipo de medidas que prevén para combatir la pobreza energética con estos recursos.
El vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, ha subrayado que el plan estará en marcha en 2025, un año antes de que empiece a aplicarse la tasa del carbono a los sectores del transporte de carretera y a la construcción, de modo que los ciudadanos y empresas puedan estar preparados.
Timmermans ha insistido también en que el paquete de medidas, bautizado como ‘Fit for 55’ (‘Preparado para el 55’), ha buscado el equilibrio entre gravar la huella de carbono e incentivar la descarbonización.
En este contexto, la Comisión también apunta otras iniciativas clave como la nueva tasa para las importaciones procedentes de países más contaminantes, el llamado “mecanismo de ajuste en frontera”, que se aplicará a una selección acotada de productos con gran huella ecológica. El objetivo es evitar la “fuga de carbono” hacia industrias extracomunitarias para esquivar los nuevos estándares dentro de la UE.
Otro de los retos es conseguir ya en 2035 que no se fabriquen en la Unión Europea turismos ni furgonetas con motores de combustión (ya sea gasolina o diesel) ni híbridos y que solo salgan a la venta nuevos vehículos eléctricos a batería o hidrógeno. La norma no se aplica a vehículos de dos ruedas ni a los vehículos pesados, cuya legislación se revisará más adelante.
La medida, que despierta recelos en algunos países como Francia, prevé una fase intermedia para reducir un 55% las emisiones contaminantes de los coches que salgan al mercado en 2030. Y además prevé obligar a los Estados miembro a asegurar suficientes puntos de recarga en las principales carreteras de la red transeuropea, para garantizar que los conductores podrán transitar por la UE con vehículos limpios.