MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La crisis provocada por la guerra en Ucrania restará más de un punto al crecimiento de la economía española en 2022, “con riesgos al alza”, y la inflación “golpeará de manera mucho más intensa” a las familias más vulnerables, según analiza Esade EcPol en un documento en que el analiza el impacto del conflicto bélico en España y las medidas aprobadas por el Gobierno para hacerle frente.
A corto y medio plazo, Esade advierte de que el efecto coyuntural de la guerra en Ucrania y de la disociación económica entre Rusia y Europa supone “un doble golpe al poder adquisitivo de los españoles, combinando aumento de inflación y desaceleración del crecimiento del PIB”.
Para combatir estos efectos, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas en su plan de respuesta a la guerra que, en general, Esade valora como ineficientes y “costosas”. “Podrían estar mejor dirigidas al apoyo a sectores vulnerables, lo que las haría más eficientes, menos costosas y más respetuosas con los objetivos de descarbonización y transición verde”, subraya.
En su opinión, el carácter de urgencia de estas medidas y la necesidad de cortar el impacto de la escalada del IPC en transferencias indexadas como las pensiones “sesga y condiciona” el plan del Gobierno para responder a los efectos de la guerra.
En lo que respecta al descuento en los carburantes puesto en marcha por el Gobierno en el marco de este plan, Esade considera que, aunque podría evitar pérdidas directas e indirectas en el PIB y reducir ligeramente la escalada del IPC, tendrá “efectos regresivos” al beneficiar en mayor medida a los hogares con rentas más altas.
Así, pese a esta bonificación de 20 céntimos al combustible podría evitar por vía directa pérdidas de 1.250 millones de euros al año en el PIB español e, indirectamente, ahorros de hasta 4.800 euros al año a través de su efecto de moderación del IPC, Esade cifra su impacto en la reducción de la inflación en “no más de un punto”.
Además, advierte de que la implementación de esta bonificación será “costosa” para las estaciones de servicio más pequeñas e independientes, y “va en la dirección opuesta” a los objetivos de la transición energética.
A juicio de Esade, se podría haber implementado un sistema de compensaciones a la población más vulnerable a través del IRPF o el Ingreso Mínimo Vital, pues dichas compensaciones “serán necesarias para que la transición ecológica sea justa y viable en el corto plazo”.
Al mismo tiempo, defiende que los mecanismos de supervisión y castigo “no parecen suficientes” para asegurar el cumplimiento de la medida. “Por todo ello, genera incentivos para usos no intencionados, laterales, o captura del beneficio por el lado de la oferta en un sector que se define por ser poco competitivo”, argumenta.
LIMITAR LA SUBIDA DEL ALQUILER PERJUDICARÁ A LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS
Por otro lado, aunque considera que la rebaja impositiva en la electricidad y la extensión del bono social son medidas “más progresivas”, que “no dañan tanto la señal de precio”, Esade avisa de que su efecto “será limitado”, en gran medida por las barreras de acceso a este último.
Además y pese a entender como “justificada” la subida temporal del Ingreso Mínimo Vital (IMV), Esade alerta de que la baja cobertura de éste puede dejar fuera a la mayoría de los hogares más pobres. Para evitarlo, insta a intensificar el diseño y la implementación de medidas destinadas a mejorar su cobertura a corto plazo y continuar evaluando la implementación que ha tenido esta prestación.
En cuanto a la decisión del Gobierno de limitar al 2% la subida de los precios de los alquileres, Esade la considera una medida “progresiva”, pero advierte de que, si se mantiene en el tiempo, “podría desincentivar la entrada de viviendas al mercado en el medio plazo y perjudicar a pequeños propietarios”.
“Éstos tendrían que enfrentarse a los efectos de inflación en otros bienes y no podrían amortiguarlos a través de sus ingresos como arrendatarios”, expone.
Asimismo, señala que la línea de avales abierta por el Gobierno para evitar que la falta de liquidez se convierta en un problema de solvencia, pese a ser “un mínimo necesario”, no es lo óptimo.
“Al estar fuertemente condicionada por la inexistencia de un margen fiscal suficiente para proporcionar ayudas directas, se ha enfocado en sectores específicos, como el transporte o la producción agraria, que apenas suman una décima parte de la línea de avales”, apunta.
Por último, Esade señala que la decisión del Ejecutivo de prohibir el despido en las empresas beneficiarias de las ayudas o acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) frena la destrucción de empleo, pero introduce “una rigidez excesiva” justo cuando las empresas se enfrentan a en una situación crítica a medio plazo, “viéndose, al final, abocadas al despido de manera necesaria”.