MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Esquerra (ERC), Bildu, Más País, Compromís, BNG y la CUP han registrado una proposición no de ley conjunta en el Congreso instando a recuperar la autorización medioambiental para proyectos de energía renovable, que fue derogada con la aprobación de los decretos anticrisis aprobados en el último año.
En concreto, la iniciativa insta al Gobierno a derogar los artículos 22 y 23 del decreto aprobado en diciembre y los artículos 6 y 7 del decreto aprobado en marzo. La intención de la propuesta, señalan las formaciones, es recuperar la normativa y la legislación previa en cuanto a los procedimientos y condiciones para la autorización, desarrollo e implantación de grandes proyectos de energías renovables.
En paralelo a esta propuesta, los partidos han solicitado la comparecencia en comisión de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para dar explicaciones sobre la “relajación y exención” de las evaluaciones ambientales en los grandes proyectos de renovables.
Y es que, según las formaciones firmantes de la iniciativa, los artículos relativos a este asunto son “negativos y contrarios a los objetivos de transición ecológica y energética”, ya que permiten que los grandes proyectos energéticos renovables no necesiten las evaluaciones y garantías que hasta ahora ofrecían los procedimientos de evaluación medioambientales y las autorizaciones en función de estos.
La nueva legislación implica, según los partidos, que las exigencias sobre impacto ambiental queden “tan relajadas” y “tan laxas” que las grandes corporaciones “no tendrán que cumplir con los mínimos estándares medioambientales exigidos”. Además, la propuesta de los grupos indica que la introducción de estos nuevos artículos impedirá que asociaciones, colectivos e incluso las administraciones locales, puedan presentar alegaciones a estos proyectos.
En definitiva, las formaciones entienden que el impulso, aceleración y ampliación de la transición energética mediante fuentes renovables debe hacerse “desde una perspectiva justa con la ciudadanía” y “respetuosa con el medio natural”, de modo que la transición no pueda ser utilizada como “herramienta de negocio” por parte de grandes empresas.