BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas Europeo ha concluido este lunes que la Comisión Europea debería ser más proactiva a la hora de abordar determinados riesgos de fraude asociados al gasto de la Política Agrícola Común (PAC), como el acaparamiento ilegal de tierras.
En un informe especial publicado este lunes, los auditores de la UE han destacado que los defraudadores pueden aprovechar las insuficiencias en los controles de los Estados miembro, por lo que recomiendan al Ejecutivo comunitario supervisar mejor las medidas nacionales de lucha contra el fraude y proporcionar orientaciones para impulsar el uso de nuevas tecnologías en la detección del fraude.
“Los sistemas de control sólidos ayudan, pero también es necesario desarrollar un enfoque más proactivo para detectar el fraude”, ha señalado Nikolaos Milionis, miembro del Tribunal en sus conclusiones finales, y ha instado a “coordinar los esfuerzos de todos los actores involucrados”, desde el organismo pagador, a organismos de certificación, organismos de investigación y autoridades policiales.
El Tribunal de Cuentas ha señalado como uno de los principales riesgos que los beneficiarios oculten información para cumplir con las condiciones de la subvención. Así, la complejidad de las medidas financiadas y las formas ilegales de ‘acaparamiento de tierras’, puede conducir a prácticas fraudulentas, como la falsificación de documentos, la coacción, el uso de influencias políticas o de información privilegiada, la manipulación de procedimientos o el pago de sobornos.
No basta con actuar sobre los casos que se le informan o que salen en los medios, también debe detectarse el fraude y asegurarse de que los casos sospechosos serán investigados rápidamente”, ha recomendado Milionis para disuadir a “potenciales estafadores”.
En este sentido, las investigaciones realizadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y las autoridades nacionales han puesto de manifiesto que las superficies agrícolas más expuestas a este tipo de actividad fraudulenta son tierras de titularidad pública o tierras privadas con una propiedad “poco clara”.
Los defraudadores también pueden intentar adquirir tierras, legalmente o no, con el único fin de recibir pagos directos, sin llevar a cabo ninguna actividad agraria. El riesgo es mayor en determinadas zonas de pastos y montañosas, donde es más difícil para los organismos pagadores comprobar que la actividad agraria, como el pastoreo, realmente se lleva a cabo.
“Creemos que la UE debería hacer más para abordar el riesgo de fraude en el gasto agrícola”, ha apuntado Milionis, que ha añadido que espera que el informe ayude a la Comisión y a los Estados miembros a “desarrollar su capacidad de lucha contra el fraude en el marco de la nueva política agrícola común 2023-2027”.
El Tribunal ha concluido que son los ámbitos con normas más complejas aquellos que presentan un mayor riesgo. Además, ha advertido de que algunos regímenes de pagos destinados a categorías específicas de beneficiarios son los más expuestos a fraude porque los solicitantes no proporcionan la información pertinente o crean condiciones para cumplir los criterios y recibir las ayudas.
Como ejemplo de este último caso, los auditores han expuesto las ayudas a las pymes agrícolas que no revelan su vínculo con otras empresas que también solicitan pagos.
El Tribunal de Cuentas ha recomendado que el Ejecutivo comunitario evalúe la exposición al riesgo de fraude de los regímenes de gasto y del grado en que las medidas de lucha contra el fraude son capaces de detectarlo, prevenirlo y corregirlo.
Los auditores realizaron un análisis de alas pautas de fraude en los regímenes de pago de la PAC y un análisis de las medidas financiadas por ella, así como un examen de los datos científicos de la programación 2007-2013 y 2014-2020.