Menos de dos de cada diez solicitantes pudieron acceder en 2018 al curso de FP en el Instituto Social de la Marina, requisito para embarcarse
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto el deterioro y la ineficacia en la gestión de los cursos de formación del Instituto Social de la Marina (ISM), entidad gestora de la Seguridad Social, conforme la gestión de esta actividad formativa empezó a externalizarse.
Y es que en su ‘Informe de fiscalización operativa sobre la formación profesional del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2018’, recogido por Europa Press, el Tribunal destaca cómo cada vez que el ISM ha cambiado de sistema de impartición se ha producido un incremento del coste.
Desde 2012, el sistema de formación de esta entidad evolucionó desde la contratación en exclusiva de un sistema de convocatoria de expertos docentes a externalizar esta actividad con encomiendas de gestión, primero de forma compatible entre 2013 y 2015, después de forma en exclusiva con la empresa Tragsatec, y a partir de 2019 con acuerdos marco con una empresa privada.
CALCULA QUE CONTRATAR DOCENTES SERÍA MÁS BARATO
A pesar de ello, el Tribunal calcula que un sistema para contratar directamente expertos docentes con contrato fijo-discontinuo sería la más barato a este acuerdo (estima una rebaja de más del 50%) e incluso ya el sistema vigente hasta 2018 de encomiendas y de encargos (un 45% menos respecto al acuerdo).
Es por ello por lo que llama a analizar la conveniencia de crear una bolsa de trabajadores con contrato fijo-discontinuo para impartir formación en sus Centros Nacionales de Formación Martítima CNFM).
Estos centros, señala el Tribunal, fueron obligados por sentencia judicial a incorporar a plantilla como personal indefinido a 16 profesores pero, según revela la fiscalización, pasaron a impartir horas de docencia de manera residual, únicamente cuando la empresa adjudicataria no contaba con ningún docente.
Así, existieron recursos infrautilizados, incumpliendo el ISM los principios de buena gestión y la obligación de la ejecución de sentencia, que mandataba la realización de funciones de docencia por parte del personal incorporado.
CAÍDA DE CURSOS Y AUMENTO DE CANCELACIONES ATRIBUIDAS A LA GESTIÓN
En su fiscalización del ejercicio 2018, el Tribunal revela un descenso de cursos impartidos, un aumento de cursos cancelados y una caída de alumnos que finalizaron los cursos. Todo ello habiendo atendido únicamente al 18% de las solicitudes de alumnos para acceder a cursos de formación profesional marítimo y sanitario ofertados por el ISM, menos de dos de cada diez personas interesadas.
Un “escaso porcentaje”, señala el Tribunal, teniendo en cuenta que para poder embarcarse, obtener un empleo y afiliarse al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar es obligado contar con un título de formación profesional.
Además, el órgano fiscalizador atribuye a deficiencias de gestión de Tragsatec la mayor parte de las cancelaciones –se canceló el 15% de los cursos previstos– sin que las encomiendas o los encargos previeran posibles compensaciones por más perjuicios económicos que los que pudieran reclamar los alumnos. En este sentido, señala que cláusulas compensatorias podrían haber desincentivado las cancelaciones.
FALTA DE INFORMACIÓN EN LAS FACTURAS Y PAGO EN EXCESO
Por otro lado, el Tribunal también alerta de la falta de información de las empresas subcontratadas por Tragsatec para la formación de los conceptos subcontratados, sin que el ISM siquiera pudiera conocer el coste efectivo facturado por estas compañías.
Tampoco la facturación emitida por Tragsatec al ISM identificaba de manera clara importes correspondientes a conceptos subcontratados, señala el Tribunal. El desglose de facturación a ISM atribuía un 38% de subcontratación, pero esta era menor al incluirse todos los conceptos subcontratados.
El Tribunal también sostiene que, como consecuencia de esta subcontratación con terceras personas, el ISM abonó un exceso de importe de 177.409 euros, incluidos gastos de inspección de cursos impartidos por Tragsatec, lo cual supone a juicio de esta entidad “una ausencia de segregación de funciones entre la materialización de los cursos y su control”.
CURSOS CANCELADOS POR FALTA DE CUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO
Respecto a los controles en los cursos de FP, el Tribunal señala una posible ineficiencia de recursos públicos, por dedicar diversos recursos orientados al mismo resultado, sin comunicación ni colaboración.
También revela deficiencias relacionadas con la adecuada cualificación profesional y experiencia docente, algo manifestado por inspecciones del propio personal del ISM y de la Dirección General de la Marina Mercante, algo que ha llegado causar la cancelación de cursos. En todas las ocasiones, el profesorado había sido aportado por empresas externas.
Por otro lado, tampoco existen planes de seguimiento ni verificación de subsanación de incidencias detectadas en la inspección, ni tampoco un procedimiento sancionador para tipificar infracciones en relación de las inspecciones a centros privados homologados para la formación.
APROVECHAMIENTO INEFICAZ DE RECURSOS EUROPEOS
El informe también señala un aprovechamiento ineficaz de recursos europeos a través del Fondo Social Europeo, al no poder alcanzar el importe total de la ayuda concedida tras quedarse los cursos de 2015 fuera de la financiación por el retraso a la hora de formalizarse el acuerdo de atribución de funciones en el Programa Operativo Empleo, Formación y Educación.
También para este período 2014-2020 el ISM sustituyó la certificación de gastos atendiendo al criterio del gasto real por la aplicación del baremo estándar de coste unitario, detectándose deficiencias.
Ambas circunstancias, alerta el Tribunal, provocó una infrautilización de estos recursos y genera un riesgo de descompromiso del gasto en el siguiente período por parte de la Comisión Europea.