MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de casación presentado por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que determinó que este sector no era parte interesada en el proceso de aprobación de 70 licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) por parte de la Comunidad de Madrid en los últimos años.
La FTPM interpuso la impugnación tras ser desestimado por el TSJM su recurso Contencioso-Administrativo por considerar que la asociación no tenía “legitimación” para interponerlo.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados instan a “delimitar el alcance” de la legitimación activa de las organizaciones, federaciones y asociaciones del sector del taxi en la concesión de autorizaciones para las VTC.
La FTPM recurrió inicialmente la solicitud de alta de 70 autorizaciones por parte de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid en 2019, al entender que se podía estar cometiendo un “fraude de ley”.
PUEDE CREAR JURISPRUDENCIA
Desde la FPTM han subrayado en un comunicado que, en el caso de que se dicte que finalmente la asociación si es parte interesada en los procesos de concesión de licencias –que tienen que estar limitadas a una proporción respecto al sector del taxi– podría crear jurisprudencia y “abrir la puerta” a la legitimidad en otros procesos.
“Queda poco tiempo para que se agote el tiempo de aplicación del decreto Ábalos y muchas de estas autorizaciones de las que hablamos podrían haberse concedido de forma irregular”, ha advertido el presidente de la Federación.
En 2018 el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, concedió un margen temporal para que las administraciones regulasen a las VTC, que acaba en septiembre de 2022 y que marca que en caso contrario no podrían ejercer su actividad.
Sanz ha adelantado que solicitarán en los casos que “queden demostradas irregularidades” que se revoquen esas autorizaciones como ha pasado “en otras autonomías”.
Al hilo, ha cargado contra la Comunidad de Madrid a quien ha acusado de que “siempre se ha negado a facilitar la información de unos expedientes tal y como si se hacía en otras comunidades”.
“Existen miles de autorizaciones funcionando en la capital concedidas entre 2013 y 2015, y que de demostrarse las barbaridades administrativas que se realizaron en aquel periodo”, ha aseverado el presidente de la organización, quien ha recordado que esta es una de las “muchas causas judiciales abiertas” en busca de “defender los intereses del sector y los ciudadanos”.