Confía en que el Gobierno presente también su recurso y solicite la posterior suspensión cautelar de la aplicación de esta medida
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El sector pesquero, agrupado en la Confederación Española dePesca (Cepesca), ha reiterado su intención de acudir a los tribunales tras la decisión de la Comisión Europea de cerrar 87 zonas de pesca en aguas del Atlántico, tal y como establece el Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 9 de octubre.
En concreto, la flota española ha insistido en la reunión que ha tenido lugar con la secretaria general de Pesca y las comunidades autónomas, en sus críticas a esta medida, que califica de “chapuza técnica y legal”, según ha informado en un comunicado.
De esta forma, y a la espera del “estudio profundo” que está realizando la secretaria de Pesca, junto con la Abogacía del Estado de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de AsuntosExteriores, el sector confía en que el Gobierno español presente también un recurso y solicite luego la suspensión cautelar de la aplicación de esta medida.
AVISA DE “CONSECUENCIAS DEVASTADORAS” PARA LA FLOTA ESPAÑOLA
El sector pesquero ha recordado en la reunión que la medida adoptada por Bruselas tendría “consecuencias devastadoras” para la flota pesquera, los profesionales de la pesca, toda su cadena de valor y también los consumidores.
El miembro de la Junta Directiva de Cepesca y presidente de la EBFA, Iván López van der Veen, ha indicado que el encuentro ha tenido un “tono de colaboración y cohesión”. “Confiamos y confiamos en la responsabilidad del Gobierno para la presentación del recurso porque ejercería su legítimo derecho en tanto que Estado miembro, como pueden hacer los otros Estados afectados, Irlanda, Francia y Portugal”, ha señalado.
Cabe recordar que el Reglamento de Ejecución de la CE prohíbe todas las actividades de pesca de fondo (arrastre, palangre, anzuelos, etc.) en 87 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda. A juicio de la EBFA, las consecuencias de este acto de ejecución serán “dramáticas” para todas las pesquerías europeas y solicita su retirada en vista de las reconocidas lagunas científicas, la falta de una consulta adecuada y de un análisis de impacto socioeconómico, así como la ausencia de respaldo por parte del Consejo (aunque éste no fuera preceptivo).
Por último, Cepesca ha querido agradecer a la Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los representantes de las consejerías de las diferentes comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía), con los que se ha reunido, su disposición a colaborar para minimizar el impacto de esta medida.