MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El sector pesquero europeo, representado por Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha celebrado el acuerdo provisional alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el reglamento que prohíbe la comercialización en el mercado comunitario de productos elaborados en violación de los derechos humanos y de los trabajadores, incluidos los productos del mar.
Así, ha reclamado una “rápida implementación” del sistema para prohibir efectivamente el comercio de productos pesqueros derivados del trabajo forzoso, complementando las políticas de la UE contra la pesca ilegal (Indnr), según informa en un comunicado.
En concreto, según datos facilitados por el Consejo de la UE, aproximadamente 27,6 millones de personas soportan condiciones de trabajo forzoso en numerosas industrias y en todos los continentes.
El director general de Europêche, Daniel Voces, ha señalado que “la batalla de la UE contra el trabajo forzoso está evolucionando hacia una nueva fase decisiva, caracterizada por una amplia gama de medidas legales para erradicar la explotación laboral”.
“Junto con la política Indnr y el Convenio 188 sobre el trabajo en la pesca de la OIT, la nueva normativa sin duda ayudará a sostener el empleo digno y defender los derechos fundamentales dentro del sector pesquero en todo el mundo. La flota europea está dispuesta a ayudar a la Comisión y a los Estados miembros en sus esfuerzos por combatir el trabajo forzoso cuando y donde sea necesario”, ha indicado.
Voces cree que este nuevo reglamento “ofrecerá a los consumidores europeos una confianza aún mayor a la hora de comprar productos de origen ético y sostenible”.
Cepesca ha recordado que en 2023 España importó 23.751 toneladas de lomos de atún exentas de aranceles de las que el 79% procedía de China, país reconocido internacionalmente por practicar pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr).
Además, la patronal pesquera ha reseñado que el 70% del pescado consumido en la UE proviene del exterior y es en buena parte de origen asiático.
Para facilitar la aplicación del reglamento, la Comisión creará una base de datos que recopilará información verificable y actualizada periódicamente sobre los riesgos del trabajo forzoso, incluidos informes de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).