Creen que la obligación de destinar el 30% de las promociones a vivienda protegida paralizará proyectos e inversiones
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el proyecto de la Ley de Vivienda, que deberá pasar después el trámite parlamentario. El texto final se desconoce, aunque distintas voces del Gobierno de coalición han ido adelantando algunas medidas que inquietan al sector inmobiliario.
La futura Ley de Vivienda plantea limitar el precio los alquileres en las zonas tensionadas para los grandes propietarios personas jurídicas, un recargo del 150% del IBI para los pisos vacíos, la definición de grandes propietarios para los dueños de 10 o más inmuebles o la reserva del 30% de las nuevas promociones para vivienda de protección oficial (VPO).
A la hora de evaluar el impacto de ese último punto, el secretario general de la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Daniel Cuervo, prefiere ser “cauto”, ya que con los datos que se han difundido hasta ahora “es demasiado pronto para hacer un análisis”. Aún, así, reconoce que existe interés por “conocer el detalle del texto” para ver cómo concuerda con la normativa urbanística.
Si esa decisión de destinar el 30% de las nuevas promociones a la VPO se mantiene, Cuervo estima que “afectaría a la viabilidad de los proyectos”. “Será muy difícil iniciar y comercializar un proyecto inmobiliario con esta medida, porque económicamente sufre una carga importante el 70% de las viviendas que no estén afectadas, tendría que sobrecargarse la parte de VPO y se incrementarían los precios”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.
En términos similares se pronuncia el director ejecutivo de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, que estima que esta medida “afectaría a la puesta en marcha de nuevos proyectos”, por su impacto tanto en el valor del suelo como con “todo el valor de la promoción, por la enorme dificultad de compaginar un 70% de vivienda libre con un 30% de vivienda protegida”.
El secretario general de Asprima también admite que esa normativa les afectaría en “gran medida”, ya que muchas promociones se paralizarían, y sería “bastante trágico”, tanto para la construcción como para la actividad económica y el empleo.
Un apunte similar al del director nacional de Residencial y Suelo de la consultora inmobiliaria CBRE, Samuel Población, que no descarta una retracción de la inversión extranjera en el inmobiliario español por la “inseguridad” que pueden generar estas medidas. “Puede afectar a planes de negocio a varios años donde los inversores no ven con buenos ojos que cambien las reglas del juego en mitad del partido”, señala Población en un comunicado.
VPO Y PROMOCIONES DE LUJO
Esa cesión del 30% de todas las promociones para VPO contempla, además, que la mitad de ese porcentaje se destine a alquiler social. Esta medida genera, de nuevo, interrogantes en el sector inmobiliario, sobre todo en lo referente a las promociones de lujo o a las ubicadas en barrios y zonas residenciales con rentas per capita más elevadas.
“Creemos que esta medida imposibilitará la construcción de un gran número de nuevas promociones. En el caso concreto de las promociones de lujo, la incidencia de la medida será aún mayor, puesto que las características del producto, las necesidades de los futuros compradores y los perfiles de clientes del segmento lujo y de la vivienda social resultan difícilmente compaginables”, recalca el director ejecutivo de Colliers en respuesta Europa Press.
Cuervo también ve complicada la cohesión social que implicaría la presencia de viviendas de protección oficial en zonas de lujo. “Probablemente haya mucha diferencia de vida entre alguien que tenga muchos recursos y quiera vivir en una zona concreta y quien sea usuario de una vpo, que es una vivienda social para una persona que tiene una dificultad importante”, concluye el secretario general de Asprima. Además, recuerda que los servicios y las actividades en barrios de lujo también resultan más caras que en otras zonas.
Para Cuervo, las construcción de VPO “es una obligación de la Administración, no del sector privado”, por lo que insta al Gobierno a “encontrar soluciones de vivienda y una oportunidad a las personas en situación vulnerable”.
El proyecto de la Ley de Vivienda también plantea ofrecer incentivos fiscales en el IRPF a los pequeños propietarios que congelen o bajen el precio del alquiler al inquilino a la hora de renovar el contrato de arrendamiento, incentivos que pueden llegar hasta el 90%.
Asimismo, el texto contempla reducir en más de la mitad las bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades que perciben las denominadas Entidades de Alquiler de Vivienda, que pasarán del 85% actual al 40% que estipula la nueva normativa.
250 EUROS DE BONO JOVEN DE VIVIENDA
Desde el anuncio del acuerdo sobre la Ley de Vivienda, a comienzos de mes, el Gobierno ha defendido que está dirigida a los colectivos más vulnerables. Los jóvenes son uno de los grupos que más dificultades encuentran para emanciparse y acceder a una vivienda y para ellos estará dirigido el bono social.
Junto con esta ley, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022 contemplan una partida de 200 millones de euros para el Plan Bono Alquiler Joven. La ayuda, de 250 euros al mes durante dos años, está destinada a personas de entre 18 y 35 años. Los solicitantes deben acreditar rentas de trabajo y unos ingresos anuales inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
La letra pequeña de este bono, con las condiciones para solicitarlo, se conocerán la próxima semana, aunque ya ha generado dudas, incluso dentro del Gobierno. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, reconoció a comienzos de mes que esta medida podía tener el efecto contrario si no se regulaban los precios, ya que el casero podría subir la renta, contando ya con esa ayuda para el inquilino. Una opinión compartida por otros grupos parlamentarios y por el propio sector inmobiliario.
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
El acuerdo sobre la Ley de Vivienda se fraguó a comienzos de mes, como último escollo para que los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos (UP) pudieran sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022. La formación morada pedía desde hace tiempo una medida para regular el precio de los alquileres que los socialistas esquivaban.
Los de Pedro Sánchez terminaron accediendo, aunque el Ejecutivo ya ha garantizado que la futura normativa garantizará las competencias autonómicas y locales. Esto significa que quedará en manos de cada comunidad autónoma la aplicación del control de precios en las zonas tensionadas que contempla la ley y dependerá de ellas y de los ayuntamientos decidir si aplican los mecanismos para limitar los precios de los alquileres.
El Partido Popular ya ha expresado su oposición a aplicar esta medida en las comunidades autónomas que preside. El líder del partido, Pablo Casado, ha manifestado también su intención de llevar la normativa ante el Tribunal Constitucional. Desde el Gobierno insisten en respetar las competencias autonómicas, pero advierten a los populares de que tendrán que responder a la ciudadanía si se niegan a poner límite a los precios de la vivienda.