Estima que entre el 25 y el 30% de los proyectos de redes y el 40/70% de los de renovables no cumplen los plazos definidos para la DIA
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El sector eléctrico ha advertido de que, en caso de no flexibilizarse los hitos temporales establecidos por el Gobierno para mantener los permisos de acceso y conexión, podrían caducar y ejecutarse garantías de hasta 100 gigavatios (GW), debido al potencial incumplimiento de los plazos.
En un informe realizado por Monitor Deloitte, junto con EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy, denominado ‘La planificación y la tramitación de las infraestructuras eléctricas para la Transición Energética’, se alerta de que “el acusado retraso” que acumula la tramitación de los proyectos de inversión en las infraestructuras eléctricas –renovables, redes y recarga del vehículo eléctrico– “es el principal riesgo para cumplir el objetivo de reducción de emisiones en 2030”.
La flexibilización en los plazos asociados a los hitos intermedios de los proyectos, ante la imposibilidad de cerrar en tiempo y forma las solicitudes, es una de las peticiones recurrentes tanto del sector como de las distintas administraciones.
De hecho, a finales del año pasado se aprobó un real decreto que concedía un plazo adicional de nueve meses para los hitos intermedios relativos a la obtención de la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previas y de construcción, ante el riesgo de la perdida por los promotores de los permisos de acceso y conexión, aunque sin extender el plazo total de cinco años para el hito final de obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva, y así la consiguiente entrada en operación de la instalación.
El plan de España para la transición energética es uno de los más ambiciosos dentro de la Unión Europea, con la instalación de 70 GW de nuevas plantas renovables antes de 2030, un objetivo al que habrá que añadir la ambición adicional propuesta en los paquetes de medidas como ‘Fit for 55’, que pretende incrementar la reducción de emisiones a 2030 del 40% al 55%, y el plan de acción ‘REPowerEU’, que pretende disminuir la dependencia energética de la Unión Europea con Rusia.
El informe destaca el esfuerzo de las administraciones públicas, que han tramitado a información pública en torno a 38 GW anuales desolar (76 GW en dos años) y ocho GW anuales de eólica (16 GW en dos años), aunque considera que el ritmo de tramitación de los proyectos eólicos podría poner en riesgo los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y producir un ‘mix’ de generación con mayor peso de la fotovoltaica.
ACCESO CONCEDIDO HASTA 145 GW
Alberto Amores y Laureano Álvarez, socios de la práctica de Energía y Recursos Naturales de Monitor Deloitte, indicaron que el interés por el desarrollo de proyectos renovables ha aumentado considerablemente, multiplicando por siete la capacidad de acceso concedida a la red en los últimos cuatro años y alcanzando los 145 GW.
“Este incremento de la demanda, junto con otros factores, ocasiona un importante retraso en la tramitación de los proyectos de infraestructuras energéticas. Las administraciones públicas son conscientes de este problema y, por ello, han reforzado los recursos técnicos y humanos, además de incluir medidas tanto en el Real Decreto Ley 6/2022 como en otros posteriores para atenuarlo”, añadieron.
En concreto, los plazos de tramitación reales en los proyectos de inversión de infraestructuras eléctricas superan ampliamente los máximos definidos en la regulación –18 meses–, llegando a alcanzar de media los dos o tres años de duración y superando los diez en los casos más extremos.
Así, se han multiplicado por nueve y diez el número de proyectos renovables en tramitación en dos años –de 250 en 2019 a 2.300 proyectos en 2021–, lo que ha motivado que se provoquen retrasos y se saturen las administraciones públicas, destaca el informe.
Mientras, en el caso de los proyectos de redes, algunas comunidades autónomas han visto aumentado el volumen de expedientes a tramitar, aproximadamente, en un 75% en los dos últimos años.
No obstante, a pesar del aumento de proyectos, algunas comunidades autónomas han demostrado capacidad para adaptarse más ágilmente a este incremento, logrando plazos de tramitación hasta entre siete y diez meses inferiores que aquellas con mayores retrasos.
A pesar de este hecho, el estudio subraya que entre el 25 y el 30% de los proyectos de redes y entre el 40 y el 70% de los proyectos renovables no cumplen los plazos definidos por la regulación en la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), uno de los principales hitos en la tramitación de los proyectos.
La principal causa es la demora de los diferentes organismos de la Administración que tienen la obligación de emitir diferentes informes preceptivos, por ejemplo, para obtener la mencionada DIA.
Por parte de los promotores, también existen algunos problemas que impiden la tramitación ágil de los proyectos como, por ejemplo, la calidad de la documentación presentada, la falta de realización del trabajo de campo y el aumento de la oposición social, lo que limita la capacidad y aumenta los plazos de tramitación.
RECOMENDACIONES
Con el objetivo de mejorar los procesos de planificación y tramitación de los proyectos de inversión en las infraestructuras eléctricas, Monitor Deloitte, junto a EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy, ha realizado un análisis en el que se proponen diez recomendaciones, divididas en cinco grupos.
Entre estas recomendaciones señalan la necesidad de dotar y mejorar la eficiencia de los recursos de las administraciones públicas, así como desarrollar nuevas herramientas de seguimiento de los trámites (estado del proceso, plazos de resolución, recursos dedicados), incluyendo portales únicos, integrados y estandarizados en las administraciones públicas para facilitar la comunicación e interacción entre todos los involucrados en el proceso de tramitación.
Además, enmarcadas en la planificación de las infraestructuras energéticas, abogan por habilitar la tramitación independiente y ordenada de las líneas de evacuación y de planta de generación, cuando sean necesarias infraestructuras de evacuación compartidas entre varios parques; así como flexibilizar la transferencia de capacidad de acceso y conexión concedida a la red de transporte a la red de distribución, según viabilidad técnica, para reducir el tamaño de las líneas de evacuación y el impacto en el territorio.
Igualmente, piden definir criterios de priorización de proyectos en función de su viabilidad medioambiental, social y económica y definir mecanismos que penalicen a los proyectos con información incompleta; así como identificar los informes preceptivos y organismos competentes necesarios para la obtención de la DIA y agilizar su emisión (silencios administrativos positivos, inclusión de aprobación de trámites menores en la DIA, etc.).
Finalmente, piden fomentar el proceso de comunicación social previa, de carácter opcional, que facilite la aceptación social del proyecto presentado y reducir la litigiosidad con los agentes locales, o crear un registro unificado de promotores acreditados con validez temporal para la validación de capacidades técnicas, legales y económicas de forma ágil y la sustitución del informe de la CNMC en proyectos de la Administración.