MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha presentado este jueves ante la Comisión de Presupuestos del Senado las cuentas para 2023 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que parten de “una paradoja, porque descienden creciendo”.
Pérez Rey ha precisado que, con una partida de 29.473 millones de euros, la dotación para el Ministerio se reduce en un 2,22% en comparación con 2022 gracias a que ha bajado “el gasto en prestaciones por desempleo”, debido a la recuperación del mercado laboral.
Los datos de empleo registrados a lo largo de este ejercicio permiten a la cartera de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afrontar un 2023 con “mucha menos presión” en el gasto en prestaciones.
Además, el Ministerio prevé mejorar el próximo año de manera “significativa” las prestaciones por desempleo, tanto a nivel asistencial como contributivo.
“Este presupuesto contiene una novedad decisiva, importantísima, que es revertir aquel terrible recorte en las prestaciones por desempleo que infligió el PP en 2012, de reducir la base reguladora de las prestaciones, a partir de 180 días, del 60% al 50%”, ha añadido Pérez Rey.
A partir del 1 de enero de 2023 se recuperará, “afortunadamente y con mucho esfuerzo”, ese 60% para proteger a los parados. Además, desde esa misma fecha se elevará el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) a 600 euros, con un acumulado de subida del 11,7% desde 2020.
Esta actualización del Iprem también se reflejará en el subsidio por desempleo, que será de 480 euros desde el 1 de enero.
Pérez Rey también ha expuesto en la Comisión de Presupuestos que la dotación para políticas activas de empleo en 2023 será de 8.000 millones de euros, lo que representa una subida del 38,5% desde 2020. “Es una cantidad muy relevante y nos permitirá mantener las inversiones a las comunidades autónomas, derivadas de las Conferencia Sectorial”, ha añadido.
La mejora del empleo en la que se ha basado el Ministerio permitirá que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) financie “todo esto con sus propias cuotas”, sin necesidad de “necesitar inversión adicional del Estado”.
Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recibirá en 2023 una partida de 206,4 millones de euros, un 8,5% que en 2022. Asimismo, el Ministerio dedicará 27 millones de euros más a la prevención de riesgos laborales, que “tiene que ser una prioridad”. Pérez Rey ha adelantado que el Ministerio está ultimando la estrategia de prevención con la que espera que se “ponga fin a esta lacra”.
En la parte de Economía Social, Pérez Rey ha constatado que el presupuesto para 2023, de 80,5 millones de euros, da un “impulso decisivo a esta enorme materia”, que representa un 10% del PIB español.
GUERRA DE CIFRAS CON EL PP
Pérez Rey se ha extendido en sus respuestas a la senadora popular María Teresa Ruiz-Sillero, que ha cuestionado los datos de empleo del Ministerio de Trabajo y ha aludido a un informe de Fedea, presentado este miércoles, que advertía “anomalías” y planteaba dudas sobre el registro de los fijos-discontinuos.
El secretario de Estado ha manifestado su preocupación “sobremanera” por las palabras “sin ningún matiz” de la senadora.
“Me hago cargo de las cifras y que sugiera que las estamos manipulando es de enorme gravedad. Se computan exactamente igual desde 1985, no hemos cambiado ni una coma a la orden ministerial. Los fijos-discontinuos existen desde que el mundo es mundo, no los ha inventado este Gobierno”, ha dicho Pérez Rey, en referencia a la nueva modalidad de contrato, en sustitución de los temporales, que recuperó la nueva reforma laboral.
Además, ha indicado que son las comunidades autónomas las que computan estos datos y ha devuelto la pregunta a Ruiz-Sillero al cuestionar si “están maquillados” los datos de Madrid y Andalucía, ambas gobernadas por el PP.
Pérez Rey ha contrapuesto la gestión de las crisis, tanto de la pandemia como de la inflación, del actual Gobierno con la del PP de Mariano Rajoy en la crisis financiera anterior, basada en “grandes recortes”.
“Aquel modelo que ustedes practicaron de relaciones laborales es, seguramente, el modelo clásico del fracaso al enfrentar las crisis. Lo suyo fue casi el reverso de lo que hay que hacer”, ha comentado.
Por ese motivo, ha advertido a la senadora de que es “muy arriesgado desde el PP entrar en una guerra de cifras” y ha recalcado que en la actualidad “son las que son” gracias a “políticas laborales que han puesto el foco en la estabilidad en el empleo, en la protección social, en la postergación de los despidos y en la protección de las empresas y los trabajadores”.
También ha lamentado que a la oposición “le cueste tanto reconocer que a veces las cosas se hacen bien”, y ha defendido que la nueva normativa “marca el modelo que hay que seguir”.
SMI Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
En las respuestas a los senadores, el secretario de Estado ha confirmado que el Gobierno va “a volver a subir en breves semanas” el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023.
Esta ha sido, en su opinión, “una de las políticas más exitosas de los últimos tiempos”, con un incremento del 36% desde 2019, según las cifras que ha compartido en la Comisión de Presupuestos del Senado.
“Nos ha permitido reducir las brechas de género y de pobreza (…). Hace que las empresas ganen en competitividad porque todos esos incrementos salariales se compensan por la vía de la productividad”, ha agregado. El compromiso del Gobierno es llevar el SMI en 2023 al 60% del salario medio español.
Pérez Rey también se ha referido a Glovo y ha subrayado que “tiene que respetar escrupulosamente” la ley, sin la más “mínima” desviación de lo que marca la ley rider.
“No hay empresas por encima del Estado. Glovo no va a estar por encima del Estado”, ha recalcado.
El Ministerio de Trabajo anunció en septiembre que llevaría a Glovo ante la Fiscalía por su “rebeldía” en el cumplimiento de la ley rider.