La formación cántabra pide también aclarar la ley de residuos y eximir del tope de emisiones a la ganadería extensiva
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Partido Regionalista Cántabro (PRC) defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una iniciativa reclamando al Gobierno a incluir a la ganadería, tanto la extensiva como la intensiva que cuestionó el ministro Alberto Garzón, en todo tipo de ayudas públicas relacionadas con el sector agrario.
La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, es consecuencia de una interpelación urgente del diputado nacional del PRC, José María Mazón, dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el pasado miércoles en el Congreso.
En su propuesta, el PRC pide que la ganadería se pueda acoger a “todo tipo de ayudas públicas relacionadas con el sector agrario, sin discriminación alguna”. En este sentido, la formación cántabra reclama al Gobierno que “afirme su compromiso” con la defensa del sector ganadero.
Durante la interpelación, el ministro Luis Planas aseguró que el Gobierno es un “firme defensor” de la ganadería extensiva, que además, dijo, es “sostenible económica y ambientalmente” en España.
ACLARACIONES SOBRE LA LEY DE RESIDUOS Y LA NUTRICIÓN DE SUELOS
En la misma propuesta, el PRC ha pedido aclarar varios artículos de la ley de residuos y del decreto de nutrición sostenible en los suelos agrarios.
En el caso de la ley de residuos, el PRC ha instado a aclarar el artículo 27.3, relativo a la quema de residuos, de cara a que no existan “discrepancias e interpretaciones diferentes” entre los distintos departamentos ministeriales y los órganos autonómicos al considerar qué explotaciones tiene permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola.
En lo que se refiere a la nutrición de los suelos agrarios, el PRC ha propuesto eximir a las explotaciones ganaderas extensivas de la elaboración y aplicación de un plan de abonado y de cumplir los requisitos de emisiones cuando estas apliquen estiércoles sólidos o purines o materiales orgánicos u órgano-minerales, incluidos los residuos.
Según el PRC, el decreto prohibió determinadas prácticas en la gestión de estiércoles y purines e introdujo nuevas exigencias administrativas que suponen una carga económica para el “ya muy afectado sector ganadero”.
Además, el PRC apunta que el documento no tuvo en cuenta circunstancias determinantes como las características climáticas, orográficas, de modelo de explotación familiar, de estructura de la propiedad minifundista, o de sistema de explotación y aprovechamiento del territorio, viéndose afectadas especialmente, apunta la formación, las explotaciones de la cornisa cantábrica.
“Las exigencias que se recogen en esta normativa resultan en algunos casos de imposible cumplimiento, y en cualquier caso, contribuyen a incrementar los ya inflados costes de producción de nuestras explotaciones ganaderas”, denuncia el PRC.