Ve posible aligerar la factura en 5.000 millones sacando de ella deuda, peajes de acceso y suprimir el impuesto eléctrico
El PP defenderá este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados su proposición de ley para suprimir el gravamen del impuesto sobre la producción de electricidad y traspasar a Presupuestos Generales del Estado costes regulados de la tarifa eléctrica, con el fin de abaratar la factura de la luz.
Con esta iniciativa, que esta semana se somete a su debate de admisión a trámite en la Cámara Baja, los ‘populares’ buscan sacar de la factura las anualidades correspondientes a la deuda del sistema eléctrico y los extracostes derivados de la activación de la energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados en los territorios no peninsulares.
Concretamente, el PP plantea que todo el pago de la deuda del sistema eléctrico, entre 2.500 y 2.600 millones de euros al año intereses incluidos, según sus cálculos, corra a cargo de Presupuestos durante tres años.
De igual manera, su propuesta pasa por traspasar todos los citados extracostes, integrados como coste regulado y repercutidos en las facturas a través de los peajes de acceso, y que actualmente se financian a medias entre Presupuestos y el sistema eléctrico. Anualmente, según calculan, suponen un coste de entre 700 y 800 millones de euros.
SUPRESIÓN DEL IMPUESTO Y COMPENSACIONES DERIVADAS
Esta reordenación se complementaría con la supresión en la práctica del Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que los ‘populares’ buscan llevar del 7% actual al 0%, una medida con la que ven posible aligerar la factura de los consumidores entre unos 1.500 y 1.600 millones de euros.
Además, esta reducción iría acompañada con un recorte en la retribución específica a las instalaciones renovables, pues como instalaciones de generación con derecho a un régimen retributivo específico reciben una compensación por el pago del impuesto en sus parámetros retributivos.
En esta línea, el PP pide compensar la caída de ingresos por esta rebaja fiscal con un aumento equivalente de la recaudación por subastas de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), proponiendo aumentar el límite a ingresar y actualizarlo a los ingresos que se obtienen con dicho mecanismo. Este límite pasaría a fijarse en 2.000 millones de euros.
UNA PROPUESTA PRESENTADA DURANTE LA ESCALADA SUFRIDA EN ENERO
El PP presentó esta propuesta a principios de año, en plena escalada del precio de la electricidad, justificando la reforma para abaratar la factura pero también adaptar el diseño regulatorio a cambios estructurales de los mercados de energía, con modificaciones en los mercados del gas y el carbón y los mayores compromisos de descarbonización.
El encarecimiento sufrido entonces, argumentaban, respondió a diferentes causas, como la escasez del suministro de gas natural en la Península Ibérica, los desvíos de buques de gas natural licuado a otras regiones, el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2 o condiciones meteorológicas extremas.
En todo caso, en el PP ven necesario acometer una reforma regulatoria que permita mitigar el consecuente impacto de la factura de todos los consumidores y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y la seguridad de suministro.