MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El PP defenderá esta semana en el Pleno del Congreso de los Diputados un recorte de gasto para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, y para ello exigirá al Gobierno suprimir organismos y empresas públicas y promover una conferencia de presidentes para que cada comunidad apruebe también su propio plan de contención del gasto público. Todo ello, especifican los ‘populares’, sin que en ningún caso afecte a “servicios públicos esenciales”.
Estas son algunas de las medidas incluidas en la moción consecuencia de la interpelación urgente dirigida a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la última sesión de control al Gobierno y que la Cámara Baja someterá a debate esta semana.
En la moción, el PP destaca la caída del crecimiento como consecuencia de la crisis tras la invasión rusa de Ucrania, los elevados niveles de inflación y un gasto público y niveles de deuda en máximos históricos.
En este sentido, critican que, a la hora de hablar del reparto de los costes de la guerra, “el Gobierno no se incluya en ese reparto” pues, a su juicio, “sigue funcionando sin ningún tipo de ajuste ni empatía hacia unas familias que cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes”.
ENTES SIN UTILIDAD NI BENEFICIO SOCIAL O ECONÓMICO
Por ello, piden al Gobierno un plan de acciones que reduzca partidas de gasto de los Presupuestos que carezcan de utilidad pública o no revistan las condiciones de eficacia y eficiencia para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Asimismo, reclaman un plan para la supresión de entidades públicas cuyo mantenimiento sea innecesario, por “no reportar ninguna utilidad” ni “beneficio económico o social razonable”, incluyendo sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones, fondos sin personalidad jurídica o cualquier organismo y entidad vinculado o dependiente de la Administración General del Estado.
Respecto a las comunidades autónomas, piden la convocatoria de una conferencia de presidentes a partir de la cual cada comunidad apruebe su propio “plan de contención del gasto público improductivo y de racionalización del sector público institucional de cada una de ellas”.
Esta reducción, especifican, “en ningún caso afectará a servicios públicos esenciales”, y apostillan este punto reclamando también “un plan de estímulos fiscales y de ayudas que permitan paliar las necesidades sociales y económicas de las familias y las empresas en este país”.