Las VTC deberán llevar como mínimo un año domiciliadas en Cataluña y no podrán circular en busca de clientes
BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
El Parlamento catalán ha avalado este miércoles el decreto ley de las VTC del Govern que regula las condiciones en las que estos vehículos podrán prestar servicios en Cataluña a partir del 30 de septiembre, cuando expira el decreto del Gobierno por el que se regían hasta ahora.
El PSC-Units, ERC, Junts, CUP y comuns han votado a favor y Vox, Cs y PP han votado en contra: la aprobación del decreto ley ha sido aplaudida por representantes del sector del taxi que ha seguido el debate desde la tribuna del público del hemiciclo.
La regulación prohíbe que los conductores de las VTC circulen por la calle en busca de clientes y obliga a que transcurran un mínimo de 15 minutos entre la contratación y el servicio, que solo podrán prestar coches de 4,9 metros.
Las VTC deberán llevar un año como mínimo domiciliadas en Cataluña para recibir autorización, que concederán los ayuntamientos y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y tendrán que contar con un seguro de hasta 50 millones de euros por posibles daños –como los taxistas–.
Los vehículos nuevos tendrán que tener un distintivo ecológico ECO o 0, y se impondrán multas de hasta 6.000 euros a quienes trabajen sin autorización y de hasta 4.000 a los que circulen para captar clientes o los recojan sin reserva previa.
BUSCA LA “CONVIVENCIA PACÍFICA”
El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, ha asegurado que era una “responsabilidad política” intervenir ante el fin de la vigencia del decreto del Gobierno, sin el que las VTC no podrían operar en Cataluña.
Según ha resaltado, se trata de una regulación temporal, con una vigencia de dos años prorrogables por dos más, a la espera de las decisiones que tomen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo (TS) en casos pendientes sobre las VTC.
El decreto ley busca garantizar la “convivencia pacífica” mientras no se aclare el escenario legal definitivo, ha explicado Puigneró, que ha asegurado que se trata de un texto ampliamente consensuado con los grupos y con el sector.
Sin embargo, ha advertido de que el objetivo final del Govern es regular las VTC, taxi y servicios de movilidad para hasta 9 pasajeros con una ley marco, una vez se cierren judicialmente los flecos pendientes sobre el marco normativo de los servicios que ahora regulará el decreto ley.
A FAVOR DEL DECRETO
El socialista Jordi Terrades ha defendido que el decreto recoge una “propuesta equilibrada que permite la actividad VTC pero que ajuste su oferta y evite intrusismos en el sector del taxi”, y llama a cumplir el plazo de cuatro años para disponer de una nueva ley para abordar las problemáticas y modernización del sector.
El republicano José Rodríguez ha recordado que ERC pedía que el decreto cumpliera tres condiciones, como son proteger al sector del taxi, que permitiera la actividad VTC urbana pero regulada, y que no hubiera competencia desleal, por lo que ha celebrado que se contemplen tras “conseguir que se fuese encarrilando en la negociación”.
La diputada ‘cupaire’ Eulàlia Reguant ha asegurado que el decreto ley es una victoria de la organización sindical y ha pedido no olvidar que el modelo empresarial de las VTC “lo que hace es depredar el sector del taxi”, por lo que ha pedido ir más allá en su defensa.
Desde los comuns, Marc Parés ha sostenido que la irrupción de las VTC trajo una situación de competencia desleal, en sus palabras, y que aunque el decreto no cumple todas sus expectativas, creen que es un buen texto y esperan poder trabajar en una nueva legislación que permita que los taxistas puedan seguir prestando un servicio público.
El diputado de Junts David Saldoni ha insistido en la necesidad de este decreto para diferenciar entre dos servicios –el taxi y el VTC– y defiende que con la nueva autorización los vehículos VTC deben cumplir unas condiciones para prestar el servicio público: “El tema es diferenciar los dos servicios, hablamos de coexistencia entre ambos”.
CONTRA EL DECRETO
Sergio Macián (Vox) ha criticado a la Generalitat porque “en cuatro años no haya sido capaz de presentar un proyecto de ley sobre este tema, y ahora lo hace con prisa”, acusa al Govern de abusar de la figura del decreto ley, y considera que tanto taxis como VTC pueden convivir porque hay mercado para ambos, según él.
Marina Bravo (Cs) ha asegurado que el decreto “no está pensado en a ciudadanía y que en lugar de resolver el problema lo enquista y genera otros”, además de considerar que no permite que los ciudadanos puedan elegir con libertad entre diferentes opciones, en sus palabras.
Por el PP, Alejandro Fernández, ha advertido de que el decreto incumple las recomendaciones de la Comisión Europea, rompe el principio de defensa del consumidor, y provoca inseguridad jurídica, y ha avisado al sector del taxi: “Hay grupos que votan favorablemente al decreto que cuando no están presentes ustedes dicen que hay que echarles de las ciudades para sustituirles por patinetes y bicicletas”.