Defiende promover la acción colectiva de trabajadores para recuperar empresas industriales en crisis
El pleno del Parlament catalán ha aprobado este viernes impulsar medidas para garantizar, junto al Gobierno central, que “empresas que promueven procesos de deslocalización o despidos colectivos, como Mahle”, no participen de iniciativas financiadas por los fondos Next Generation, algo que han apoyado todos los grupo menos Cs y el PP, que se han abstenido.
Dentro de una moción de los comuns, el pleno también ha aprobado promover la acción colectiva de trabajadores para recuperar empresas industriales en crisis orientadas a la reindustrialización y el cambio de modelo mediante fórmulas de economía social, ante lo que PSC-Units y Cs se han abstenido y Vox y PP han votado en contra.
También con la abstención de los socialistas y el rechazo de Vox, ha prosperado dotar al Servei Català d’Ocupació (SOC) y Avançsa de la organización y recursos suficientes para acompañar procesos de crisis de empresas, desindustrialización territorial y despidos masivos derivados de la transición energética y digital.
PACTO POR LA INDUSTRIA
Ha prosperado hacer frente a la transformación de la industria hacia la sostenibilidad y la digitalización mediante el liderazgo público, incluyendo la iniciativa privada y elaborando un nuevo Pacte Nacional per la Indústria, punto que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el PSC-Units y la CUP, que se han abstenido, y Vox y PP, que han votado en contra.
Con la abstención de socialistas y CUP, el pleno ha defendido garantizar que las ayudas públicas para atraer inversiones de empresas multinacionales estén condicionadas a compromisos efectivos y evaluables de creación de puestos de trabajo estables y de calidad y de permanencia a largo plazo en Catalunya.
El pleno también ha aprobado establecer acuerdos con actores tecnológicos y financieros para instalar en Catalunya elementos de las cadenas de valor de baterías y apoyar a la economía del hidrógeno verde –invirtiendo junto a actores privados en plantas de producción para el uso del transporte público–, y transformar el Institut Català d’Energia (Icaen) en una Agència d’Energia de Catalunya que impulse la eficiencia energética y las renovables.
La moción, que incluía un punto para iniciar los trabajos para elaborar una propuesta catalana de sistema de financiación que no ha prosperado, defiende ampliar la red ferroviaria de Catalunya, así como negociar con el Gobierno central el traspaso “definitivo y completo” de Rodalies, incluyendo los servicios de alta velocidad, y promover el Corredor Mediterráneo.
DEBATE EN EL PLENO
Joan Carles Gallego (comuns), que ha defendido la moción, ha asegurado que Catalunya fue el motor industrial de España, pero que ahora se puede quedar “siendo un almacén, porque el motor está gripado”, por responsabilidad de los políticos pero también por el contexto global, ha dicho.
El socialista Òscar Ordeig ha sostenido que esta moción es el inicio de la contradicción en la que cree que entran los comuns por su apoyo a los Presupuestos catalanes de 2022 y ha añadido que el conseller de Economía, Jaume Giró, ha logrado lo que cree que nadie había conseguido, “que los comuns abrazaran los postulados de la antigua CDC”.
Ramon Tremosa (Junts) considera que trabajadores y sindicatos deberían pedir responsabilidades a la ministra de Industria, Reyes Maroto –la ha tachado de arrogante– por la gestión de los fondos europeos, y ha asegurado que cuando fue conseller empresas que plantearon instalar fábricas de baterías en Catalunya optaron por otros lugares porque el Ministerio tenía una actitud de “ya veremos”.
La republicana Lluïsa Llop ha defendido que el Estado debería dar herramientas a los trabajadores y derogar la reforma laboral, además de impulsar un Corredor Mediterráneo que “no aproveche líneas existentes de Rodalies”.
Desde la CUP, la diputada Eulàlia Reguant ve “indispensable” abordar este debate dada la situación de la industria catalana y de empresas como Nissan y Mahle, y ha llamado a incorporar en el debate miradas distintas, como el cooperativismo y el feminismo.
Y Matías Alonso (Cs) ha criticado a los comuns y les ha acusado de ser el nuevo socio preferente de un Govern en el que cree que falta cohesión y que es de “cohabitación del separatismo institucionalizado”.
Desde Vox, Antonio Ramón López ha avisado de que la situación económica catalana es de decadencia, y ha asegurado que la culpa la tienen ERC, Junts, la CUP, los comuns y “los pagafantas del PSC”.
Y la diputada por el PP Eva Parera ha apostado por que el sector público acompañe al industrial, pero no que lidere la transformación, porque considera que “hace falta menos regulación y menos impuestos”.