MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana movilizará en 2022 más de 16.200 millones de euros en inversiones en materia de infraestructuras y vivienda, lo que supone un 40% de todo el esfuerzo inversor proyectado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Esta cifra consolida a este Ministerio como el gran protagonista de la inversión pública en España, en un momento en el que la llegada de los fondos europeos irá destinada a hacer compatible la renovación y construcción de nuevas infraestructuras con la descarbonización de la economía.
“Se trata de unos Presupuestos pensados para alcanzar una recuperación justa, que hagan de España un país mas productivo, competitivo y sostenible y que garanticen que la mejora económica llega a todas las familias, que todos los territorios cuenten con mejores servicios públicos y sean un motor de innovación y de crecimiento económico”, ha señalado la ministra de este Departamento, Raquel Sánchez.
Durante su intervención en un acto en el que ha presentado las principales partidas de los Presupuestos de 2022 en el ámbito del transporte y vivienda, Sánchez ya destacado que de los 16.200 millones de inversión planteados, 8.000 millones ya están activados por medio de licitaciones y adjudicaciones.
A las infraestructuras, el Gobierno destinará 11.841 millones de euros, un 2,7% más que en los Presupuestos vigentes, concentrados en carreteras (2.463 millones), ferrocarriles (6.700 millones), puertos (927 millones) y aeropuertos (830 millones).
Entre los principales ámbitos de actuación destaca la descarbonización de las ciudades (1.740 millones), la cohesión de la movilidad (2.600 millones), la conservación de carreteras (1.300 millones) o la mejora de la red de Cercanías (1.500 millones de euros).
En el ámbito de la vivienda, el presupuesto alcanza los 3.290 millones de euros, un 50% más, repartido en 1.389 millones para el programa de recuperación económica y social en entornos residenciales, 600 millones para la rehabilitación sostenible y la digitalización de edificios de la Administración Pública, 663 millones para al alquiler asequible, 432 millones para el plan de vivienda estatal, 200 millones para el bono joven y 25 millones para la rehabilitación arquitectónica.