MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha iniciado el 2022 citando como testigos a los inspectores del Banco Central Europeo Manuel Caro Jiménez y Jesús Fernando Martínez Usano, dos de los integrantes de los equipos que intervinieron en la supervisión del Banco Popular.
En una providencia fechada este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 fija para el próximo 24 de febrero a las 09.00 horas la declaración de Caro y a la misma hora del 3 de marzo la de Martínez Usano, pudiendo prorrogarse esta última el día 4 si fuera necesario.
Además, el magistrado solicita en su escrito al BCE que suspenda la inmunidad de sendos trabajadores y les autorice a revelar la información –suspendiendo su secreto profesional– que como coordinadores del equipo de supervisión del Banco Popular obtuvieron en el ejercicio de sus funciones profesionales.
A su juicio, el testimonio de ambos “no comprometerá ni los intereses de Unión Europea ni los del BCE”. “A nuestro juicio, el BCE debe ponderar que dicha entidad fue resuelta en junio de 2017 y, posteriormente, perdió su personalidad jurídica. Después de más de cuatro años –desde que se resolvió el banco– es difícil imaginar que dicho testimonio pueda dañar los intereses de la UE o del BCE”, sostiene el juez.
DATOS SOBRE MATERIA DE RIESGO DE CRÉDITO
Según explica el magistrado, la declaración de Caro resulta clave en tanto que fue jefe del equipo de inspección continuada que supervisó el Banco Popular, entre noviembre de 2013 y el 3 de noviembre de 2014 desde el Banco de España. Posteriormente, una vez que la supervisión de la entidad pasó a ser dirigida por el BCE a partir del 4 de noviembre de 2014, Caro ocupó el cargo de subcoordinador del equipo de inspección continuada.
“Por tanto, su testimonio puede ayudar a esclarecer ciertas cuestiones que están siendo objeto de investigación en la presente causa, tales como la existencia de un déficit oculto de provisiones en la cartera de créditos refinanciados, la operativa del denominado entramado de THESAN, así como una política de tasaciones inadecuada, especialmente en crédito promotor, con incidencia igualmente en las provisiones. Obviamente, el señor Caro nos podrá aportar datos sobre la gobernanza del Banco Popular en materia de riesgo de crédito”, justifica Calama.
Por otro lado, como apunta el juez en su providencia, Martínez Usano habría sido el jefe de equipo en dos misiones que se realizaron desde el BCE, y que tenían como objetivo verificar la correcta clasificación contable y la dotación de provisiones de una muestra de 100 prestatarios reestructurados o refinanciados seleccionados con un criterio determinado así como la correcta clasificación contable una cartera de activos adjudicados en pago de deudas.
SOBRE LA POLÍTICA DE GOBERNANZA DE RIESGOS
Desde su punto de vista “el testimonio del señor Usano resulta especialmente necesario para coadyuvar a dilucidar ciertas cuestiones relacionadas con el objeto de la presente instrucción”. “Su equipo examinó una muestra significativa de prestatarios reestructurados/refinanciados con objeto de determinar su correcta clasificación contable y la adecuada dotación de provisiones. También se examinó una cartera relevante de activos adjudicados. Su testimonio podrá aportar datos sobre la política de gobernanza de riesgos del Banco Popular”, asegura el juez.
La citación de Caro y Martínez Usano llega después de que, el pasado mes de diciembre, Calama tomase declaración a otros dos coordinadores del equipo que supervisaba a la entidad en el organismo europeo, Ignacio Pardo y Carlos Giorgis, que constataron que la entidad tenía problemas estructurales que venían de mucho antes del proceso que llevó a su resolución y que fecharon en 2008, tras el estallido de la crisis económica.
Ya entonces, como en esta ocasión, Calama instó al BCE, a través del Banco de España, a que suspendiera la inmunidad de ambos y, tras ello, les autorizase a revelar la información que como miembros del equipo de supervisión obtuvieron en el ejercicio de sus funciones profesionales.
En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.