MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha expresado su rechazo a tramitar en el Congreso una proposición de ley del PP para retrasar un año la entrada en vigor del impuesto al plástico, ya que el Ejecutivo entiende que esto implicaría una pérdida de recaudación de 1.145 millones de euros.
Estas nuevos impuestos están en vigor desde el pasado mes de enero y la propuesta del PP era modificar la Ley de residuos y suelos contaminados para posponer su aplicación a 2024, atendiendo a las consecuencias económicas de la pandemia y la guerra de Ucrania.
A juicio del Grupo Popular, la normativa llevada a cabo por el Gobierno plantea “exigencias” y “cláusulas” que van a suponer un aumento de los costes para las empresas y para los consumidores, que se engloban principalmente en el impuesto a los envases de plástico no reutilizables. De hecho, consideran que los costes supondrían cerca de 2.000 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno ha desdeñado este planteamiento argumentando que, de asumirse esta demora en la aplicación del impuesto, las arcas públicas dejarían de recaudar más de 1.100 millones de euros.
500 MILLONES MENOS POR PARAR LA TASA SE ENVASES
Según consta en el escrito de veto, al que ha tenido acceso Europa Press, esa cifra de 1.145 millones que calcula el Gobierno se refieren a 491 millones del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y otros 654 millones del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
En relación con el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, el Ejecutivo explica que al estar totalmente cedido el tributo, el impacto presupuestario se produciría por la obligación de compensar por la menor recaudación a las comunidades autónomas que ya hubieran establecido un impuesto.
Por todo ello, el Gobierno justifica el veto en que la proposición del PP “es susceptible” de producir un incremento de los créditos y una disminución de los ingresos presupuestarios en los Presupuestos Generales del Estado, motivo por el cual el Ejecutivo no presta la conformidad para su tramitación.
Con el veto del Gobierno, recibido ya por la Mesa del Congreso, la proposición de ley del PP concluye su tramitación y ya no llegará a debatirse ni votarse.