MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter “urgente”, antes del día 23 de noviembre, del anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas ‘Crea y Crece’.
El pasado mes de julio, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lanzó en audiencia pública el anteproyecto de Ley Crea y Crece, que permitirá crear empresas con un euro de manera rápida y telemática.
Para que entre en vigor, debe ser aprobada de nuevo por el Consejo tras la consulta pública, algo que se espera para finales de este año o comienzos del que viene, así como por el Parlamento.
La Ley va en línea con el componente 13 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y surge con el objetivo de impulsar la creación de empresas y su crecimiento, rebajando el capital inicial necesario para registrar una compañía desde los 3.000 euros al euro testimonial.
El aumento de tamaño de las empresas españolas es uno de los objetivos del Gobierno, que con esta ley busca “eliminar obstáculos” para que las pymes ganen tamaño.
LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD COMERCIAL
Uno de los puntos clave de la nueva ley es la lucha contra la morosidad comercial. Para ello, se promoverá el uso de la factura electrónica entre pymes y, con el objetivo de que esta no sea un coste, se incluirá en los servicios subvencionados en el ‘digital toolkit’, el plan financiado con 3.000 millones de euros de los fondos europeos para la digitalización de las pymes.
Asimismo, las empresas que no cumplan los plazos de pago no podrán ser beneficiarias o entidades de colaboradoras de subvenciones públicas en un momento marcado por la llegada de los fondos europeos.
Además, se tendrá en cuenta que el contratista pague en plazo a subcontratista a la hora de evaluar los riesgos de adjudicación de un contrato público, así como la posibilidad de resolver un contrato si no se cumplen los plazos de pago. También se creará un observatorio de la morosidad para recabar información y analizar estas prácticas.
OTRAS MEDIDAS
Entre las medidas contempladas se incluye la información a emprendedores sobre los beneficios del nuevo sistema, así como se mejorarán las ventanillas que permitirán denunciar cualquier comportamiento que vaya contra la ley de unidad de mercado.
También se amplía el catálogo de actividades exentas de licencia y se incluye un mandato para que la conferencia sectorial elabore una ordenanza tipo de licencias empresariales.
Asimismo, se buscará que otros instrumentos de financiación ganen peso en el crecimiento empresarial y en ellos destacarán los fondos de deuda cerrados que invertirán en préstamos, facturas e instrumentos comerciales. También se adaptarán las normativas de las plataformas de financiación participativa para que puedan tomar más impulso y tener mayor escala y financiación y trasladarlo así a impacto en las empresas.
Entre los cambios, se incorporará la posibilidad de que reciban fondos a largo plazo europeos, así como permitirles invertir en fintech.
Para los inversores individuales, se limitará a 1.000 euros o el 5% de su riqueza, excluyendo fondos de pensiones y propiedades inmobiliarias, la participación en estas empresas. A partir de ahí, se podrá hacer la inversión, pero la persona recibirá una advertencia sobre el riesgo.
Asimismo, cada proyecto de inversión colectiva tendrá un límite de cinco millones de euros que podrá superarse emitiendo un folleto y con el que se espera que el sector pueda expandir el alance y la escala de las inversiones.
LA CNMC PROPONE ALGUNOS CAMBIOS
Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe sobre la ley, que ha calificado “positivamente”.
El regulador ha valorado en su informe la identificación de algunas prácticas que obstaculizan el desarrollo de pequeñas empresas como la morosidad del pago a proveedores o las barreras regulatorias. Así, la CNMC ha destacado la posibilidad de aprobar ordenanzas tipo para ejercer actividades comerciales minoristas y de prestación de servicios.
No obstante, el informe también propone mejoras como un análisis en profundidad de carácter cualitativo y cuantitativo de las causas adicionales que “impiden crear empresas, entorpecen su crecimiento o incluso favorecen su desaparición”.
El regulador también pide matizar algunos apartados como la limitación de las reclamaciones de daños a los supuestos previstos por la CNMC o que se aclare el plazo que tiene el regulador (dos meses) para enviar requerimientos a otras administraciones.
Así, el informe también recoge sugerencias en torno a materias reguladas como la contratación pública, algunos plazos de registro o las vías de reclamación.