MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha informado este miércoles de que el Gobierno recibió ayer mismo el informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que incluye “una serie de observaciones” que el Gobierno está analizando.
Se trata del último de los informes que el Gobierno necesita antes de elevar el anteproyecto a segunda vuelta en el Consejo de Ministros para que la ley inicie el trámite parlamentario.
“El informe Consejo de Estado ha hecho algunas observaciones que tenemos que mirar en profundidad para ya elevar un mejor texto, más sólido, a segunda vuelta en el Consejo de Ministros y lo vamos a hacer cuanto antes”, ha remarcado durante su participación en las jornadas ‘Reformas para la Recuperación’, impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en colaboración con el CES.
Llop ha recordado que Ejecutivo ya ha recibido también el informe del Consejo General del Poder Judicial, que es “bastante positivo” en términos generales respecto al texto del anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto.
Y es que este tipo de reformas tienen que ser realizadas, según la titular de Justicia, con la mayor calidad y técnica jurídica para dar la mayor certidumbre, certeza y seguridad jurídica a las personas y empresas que se enfrentan a este tipo de procedimientos que son “muy duros” y suponen un desgaste económico y personal para quienes se encuentran inmersos en ellos.
Según ha avanzado la ministra, España se va a situar con esta reforma a la vanguardia de la modernidad de los procedimientos concursales, asemejándose a cómo se está regulando en otros países europeos.
PRINCIPALES LÍNEAS DEL ANTEPROYECTO
El proyecto normativo incluye la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia e introduce otras reformas en el ámbito concursal. Esta modificación constituye una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y va dirigido a garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad.
Además, pretende que los empresarios personas físicas insolventes puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, después de un periodo de tiempo “razonable”, favoreciendo la segunda oportunidad y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir su duración.
Se presta especial atención en el anteproyecto de ley a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.