MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Transición Ecológica ha puntualizado, ante el rechazo de la industria nuclear al proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, que esto no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando firmaron el protocolo de cierre de las centrales nucelares.
En este sentido, explica que la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2, que coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron en marzo de 2019 dicho protocolo.
“Por lo tanto no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron. Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el CO2 esté por encima de esos 20 euros por tonelada”, según indican a Europa Press en fuentes del departamento que encabeza Teresa Ribera.
Además, recuerdan que el proyecto de Ley se ha tramitado “con todas las garantías” y ha recibido el informe positivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), del Consejo de Estado “y es conforme a derecho nacional y europeo”.
Además, desde Transición Ecológica indican que el sistema coincide con un mecanismo que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya avaló.
El mecanismo de minoración replica el sistema implantado entre 2007 y 2009 en virtud de los reales decretos 3/2006 y 11/2007, que fue validado por el TJUE. Además, se han aumentado las garantías al incorporar las recomendaciones de la CNMC y el Consejo de Estado.
En cuanto al cierre de las centrales nucleares, Transición Ecológica deja claro que tiene que aprobarlo el operador del sistema, Red Eléctrica, considerando criterios de seguridad del sistema.
El Foro de la Industria Nuclear Española ha expresado este martes su rechazo al proyecto de ley sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y al Real Decreto-Ley aprobado en el Consejo de Ministros este martes para reducir el precio de la luz, y ha asegurado que su aplicación podría derivar “en el cese de la actividad de todo el parque nuclear”.
Las nucleares sostienen, en un comunicado, que estas medidas “ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear” y piden que, en caso de que el proyecto de ley se apruebe, no se aplique de forma retroactiva.