MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha asegurado en el Congreso que no le consta que ningún alto cargo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o del de Política Territorial y Función Pública haya hecho uso de vuelos de la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate por parte de la SEPI ha generado críticas desde la oposición.
Así lo pone de manifiesto en una respuesta registrada en la Cámara Baja, y recogida por Europa Press, a varios diputados de Vox que habían pedido cuentas al Ejecutivo por los posibles usos de esta sociedad por parte de la Administración.
También por qué motivos había justificado la contratación de esta empresa para organizar, a través del Consulado español, enlaces aéreos entre Madrid y Caracas. En este caso, el Ejecutivo señala que se trata de vuelos humanitarios concebidos para repatriar españoles varados con motivo del cierre del espacio aéreo por la pandemia.
En todo caso, apostilla el Gobierno en su respuesta, estos vuelos organizados por la Embajada de España y por el Consulado General de España en Caracas desde el inicio de la pandemia han sido operados por otras aerolíneas, como Air Europa, Iberia, y Estelar.
Plus Ultra fue rescatada con una ayuda de 53 millones de euros, consistente en un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones, a través del fondo de rescate para empresas estratégicas y viables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Una ayuda que varias formaciones de la oposición, entre ellas Vox, han puesto en cuestión, al poner en duda el carácter estratégico y viable de la empresa, llegando a relacionar la operación con presuntos vínculos con el Gobierno venezolano o incluso con una presunta trama de corrupción.
El pasado mes de abril, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, abrió una investigación contra el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro, y el resto de miembros del consejo del fondo de rescate por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
La investigación, por la cual se han incoado diligencias contra una decena de altos cargos del Gobierno, parte de una denuncia interpuesta por el presidente de Manos Limpias Miguel Bernad, al que se juzga en estos momentos en la Audiencia Nacional por el caso Ausbanc.