Podrá adaptar mejor su coste a la evolución del tráfico y la demanda
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que modifica la regulación del sector ferroviario para adaptarse al proceso de liberalización y al derecho de la Unión Europea, lo que supone otorgar a Adif la competencia para fijar los cánones ferroviarios.
Hasta ahora, las tasas que el gestor de la infraestructura cobra a los operadores son aprobados con carácter anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, un procedimiento que el Gobierno considera que no responde “eficientemente” a las necesidades actuales del sector.
Por ejemplo, cree que no se dispone de flexibilidad para adaptarse a posibles cambios sobrevenidos que puedan producirse a lo largo de un año y que requieran matizaciones puntuales ágiles de los cánones, o que el sistema pueda verse vinculado por situaciones de prórrogas presupuestarias que obligan a aplicar los cánones determinados en un ejercicio a los siguientes, sin tener en cuenta posibles evoluciones del sector.
Esta transferencia de competencias ha requerido transformar la naturaleza jurídica de estos cánones, que pasan de englobarse en un concepto más tradicional de tasas a la figura de ‘prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario’, reconociéndole a Adif la competencia para fijar sus cuantías de forma reglamentaria, respetando en todo caso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia.
Por otro lado, y siguiendo las directrices recogidas en la ‘Directiva Recast’, el proyecto de ley aclara el concepto de infraestructura ferroviaria (fundamentalmente las vías y todos los elementos necesarios para que un tren pueda hacer su recorrido entre un punto de salida a otro de llegada) y el concepto de instalación de servicio (el resto de elementos, entre los que se encuentran las estaciones de viajeros, las terminales de carga o las vías de apartado y formación de trenes).
Asimismo, la delimitación de estos conceptos ha exigido matizar la actual definición de la Red Ferroviaria de Interés General, que pasará a estar formada por todas las infraestructuras, las estaciones de viajeros y terminales de transporte de mercancías que sean esenciales para garantizar un sistema común de transporte en todo el Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de este sistema común.