MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley que permite transponer íntegramente la directiva europea relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.
Esta medida, que ahora iniciará el trámite de información pública y de órganos preceptivos, sigue las recomendaciones formuladas en el denominado ‘pilar 2’ del programa BEPS (iniciativa contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios) acordado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El Ministerio de Hacienda indica, en un comunicado, que el objetivo de este anteproyecto es adaptar al marco legal español los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados en los foros e instituciones globales como el G20, la OCDE o la UE, para luchar contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales.
Una política en la que el Gobierno de España ha sido “pionero” al establecer en 2022 un tipo mínimo efectivo de Sociedades para los grandes grupos empresariales, destaca el departamento de María Jesús Montero.
PARA GRUPOS QUE FACTUREN MÁS DE 750 MILLONES
En concreto, el texto aprobado hoy pretender establecer un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales o los grupos domésticos, denominados grupos nacionales de gran magnitud, que tengan un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 750 millones de euros, de acuerdo con los estados financieros consolidados de la entidad matriz última en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios inmediatamente anteriores.
De esta forma, la cifra coincide con la exigida a los grupos multinacionales para la presentación de la información país por país, que se introdujo en el ordenamiento jurídico español en 2015 y ya supuso un importante avance en cooperación fiscal internacional.
ALGUNAS EXCEPCIONES
En cualquier caso, y siguiendo lo que establece la citada directiva, la norma contempla la exclusión de diversos tipos de entidades en la aplicación de esta tributación mínima global. Es el caso, por ejemplo, de los denominados entes públicos, las organizaciones internacionales, las organizaciones sin ánimo de lucro o los fondos de pensiones, entre otras.
La directiva comunitaria recoge que los Estados miembros podrán optar por aplicar un impuesto complementario que grave a las multinacionales o grandes grupos nacionales que radiquen en su territorio y que no alcancen una tributación mínima del 15%, en la jurisdicción de dicho Estado miembro.
EL IMPUESTO SE CONFIGURARÁ DE TRES FORMAS DIFERENTES
España aplicará dicho impuesto complementario, que tiene tres configuraciones complementarias entre sí. Por un lado, el impuesto complementario nacional, cuya finalidad principal es garantizar que las entidades constitutivas del grupo multinacional o nacional de gran magnitud radicadas en territorio español, y que no alcancen una tributación mínima del 15% en España, lleguen a ese tipo a través de este impuesto. Por el contrario, si la imposición del grupo ya fuera superior al 15%, no le afectaría este impuesto complementario.
Asimismo, Hacienda aclara que el impuesto complementario nacional es compatible con el tipo mínimo del 15% que aprobó el Gobierno en su legislación interna y que entró en vigor en 2022.
La diferencia es que el tipo complementario nacional exige una tributación mínima del 15% sobre el resultado contable ajustado, que se calcula con los parámetros que marca la directiva y es igual para todos los países. En cambio, el tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades se determina sobre la base imponible.
En segundo lugar, la normativa contemplará el ‘impuesto complementario primario’ y en este caso se aplicará cuando la matriz de un grupo multinacional se sitúe en España y obtenga rentas de filiales situadas en el extranjero que aplican un tipo impositivo inferior al 15%. Cuando eso suceda, se activará el impuesto complementario.
Y por último, se contempla un ‘impuesto complementario secundario’, que actúa como un sistema de cierre y que se activa cuando algunas de las empresas del grupo multinacional hayan obtenido rentas en el exterior que no hayan sido gravadas al 15%.
La diferencia entre el impuesto primario y el secundario es que este último no recae sobre la matriz, sino sobre filiales del grupo ubicadas en España.
Una vez aprobado hoy el anteproyecto de Ley en primera vuelta del Consejo de Ministros el texto comenzará el trámite de los órganos consultivos antes de ser ratificado de nuevo por el Gobierno para ser remitido al Parlamento.
Cuando este proceso concluya y la norma sea aprobada definitivamente, España contará con una fiscalidad “más justa, moderna y alineada con la política tributaria internacional”, según destaca el Gobierno.