El Plan de Recuperación que el Gobierno presentó para enviar a Bruselas constaba de 2.000 folios, que no fueron explicados por la Portavoz María Jesús Montero. Entre otros aspectos estaba la cuestión de la fiscalidad. Ahora empezamos a conocer los detalles impositivos del plan. Y el inicio de alza fiscal que el Gobierno va a hacer no arranca en los más ricos. Lo hará en 4,2 millones de ciudadanos y más de 2 millones de matrimonios que hacen la declaración conjunta.
Esta medida supondrá más de 3.000 euros por matrimonio y el Gobierno espera recaudar hasta 2.300 millones de euros al año eliminándola. La noticia, avanzada por el diario El País, se hace según un informe de AIReF para “luchar contra la desigualdad de género”. El informe en el que se basa el Gobierno considera que la mujer está discriminada y que supone un desincentivo para entrar en el mercado laboral. En realidad, lo que hace el informe y que el Gobierno recoge es darle la vuelta al argumento de que una mujer pueda salir si quiere al mercado laboral, pero sino, si decide uno de los dos miembros del hogar quedarse a cuidar a sus hijos tengan un ahorro fiscal en la declaración de la renta. Algo que sucede en la práctica totalidad de Europa. El Gobierno y el informe de la AIReF dan la vuelta al argumento y consideran que la mujer estaría discriminada por el beneficio fiscal.
Aunque lo que esconde la medida es el desesperado movimiento del Gobierno por recaudar de donde sea para intentar cuadrar unas cuentas que se encuentran en un déficit fiscal mayor del que esperaba el Gobierno. La medida beneficiaba hasta la fecha a 4,2 millones de ciudadanos que verán ahora como la declaración de la renta puede incrementarse en más de 3.000 euros en los próximos ejercicios.
El texto concreto que se ha conocido indica en el Plan de Recuperación, Transformacion y Resiliencia remitido a Bruselas, que “se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta [principalmente mujeres]”. Desde el Ministerio de Hacienda se apunta que la medida se hará paulatinamente y no de un día para otro. Pero que el objetivo final es el que se ha conocido durante la jornada de hoy.
La decisión del Gobierno está basada en las recomendaciones que la citada AIReF hizo el pasado junio. En el capítulo de beneficios fiscales que incluyó el Spending Review, se proponía “acelerar” la desaparición de la reducción con ese régimen transitorio que apunta ahora el Gobierno.
“Desde el punto de vista de la comparativa internacional”, sostiene la AIReF, “la figura de la tributación conjunta es minoritaria entre los principales países de la OCDE, aunque aún está presente en forma de sistema de división de ingresos o por la escala diferenciada en países como Francia, Portugal o Alemania”. La realidad es que en el entorno europeo es una figura generalizada que ayuda a procesos transitorios en los que uno de los dos cónyuges o no tiene trabajo o decide retirarse transitoriamente del mercado laboral por razones de educación de los hijos.
“El beneficio supone una pérdida de recaudación de 2.393 millones de euros y los beneficiarios son 4,2 millones de personas, lo que se corresponde con 2,1 millones de hogares“, añade la AIReF en el documento. En ese mismo documento concluye que la reducción “sí” consigue “el objetivo de adecuar el impuesto a la estructura de rentas del hogar, especialmente en aquellos hogares en los que casi toda la renta la obtiene un perceptor y el hogar es de renta baja”.
Las primeras reacciones críticas con la medida apuntan a que es una figura que beneficiaba a las rentas medias y bajas. En una proporción prácticamente residual ayuda a las rentas altas. Por lo que la medida iría directamente a atacar las rentas medias y bajas y, por tanto, supondrán una merma sustancial en el poder adquisitivo de estas familias. Que unido al recortes de la deducción por vivienda habitual, vivido hace ya años, les coloca en el punto de mira de la mayoría de las alzas fiscales. Frente al mensaje generalizado de que quienes más tienen más pagan. Aquí el Gobierno, según estas mismas fuentes, atacaría a quien tiene más a mano para lograr aumentar la recaudación, en una medida en la que no entra la progresividad fiscal tan reclamada por el Ejecutivo.