MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Gobierno trabaja en una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para regular con detalle cómo debe actuar una administración en caso de detectar posibles prácticas contrarias a la competencia en el transcurso de una licitación.
Así consta en la respuesta dada por el Ejecutivo a la portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, María Muñoz, que había preguntado al Gobierno si contemplaba medidas para mejorar la detección de estas prácticas.
Todo ello tras la sanción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a seis de las principales constructoras –Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr– con multas por 203,6 millones de euros.
Muñoz reprochaba al Gobierno cómo era posible que la Administración General del Estado no hubiera podido detectar un cártel que, según la investigación completada por la CNMC, había alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas para la edificación y obra civil de infraestructuras.
UNA REGULACIÓN “PORMENORIZADA” DE CÓMO ACTUAR
En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo especifica que la propia Ley de Contratos del Sector Público contempla medidas para evitar prácticas contrarias a la competencia, en colaboración con la CNMC, y cita particularmente un artículo que establece el traslado de indicios fundados por parte de la mesa u órgano de contratación.
El citado artículo incluye la suspensión del procedimiento de contratación al remitirse dichos indicios, y también prevé la regulación del procedimiento al que se refiere este párrafo de forma reglamentaria.
Sin embargo, el Gobierno informa en su respuesta de que trabaja en una modificación de la propia disposición legal, con el fin de “regular de una manera pormenorizada” en la Ley de Contratos qué procedimiento seguir en caso de detectarse este tipo de indicios.
No es la única medida que avanza el Ejecutivo, al asegurar que la futura Estrategia Nacional de Contratación Pública contemplará medidas dirigidas a fomentar la competencia y evitar prácticas contrarias a la misma, y que estas serán “de aplicación obligatoria para todo el sector público”.