MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Gobierno espera recibir de Bruselas 9.000 millones de prefinanciación correspondientes a los fondos europeos, que serán transferidos una vez se apruebe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España ya ha remitido a la Comisión Europea y sobre el que espera recibir ‘luz verde’ en junio.
Además, se espera que haya un primer desembolso semestral este año que se sumará a estos 9.000 millones de prefinanciación que serán transferidos una vez se apruebe el Plan, según ha adelantado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en rueda de prensa para presentar los detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
No obstante, Calviño ha aclarado que los desembolsos llegarán cuando se cumplan hitos y objetivos que irán desencadenando los pagos. En total, el Gobierno se ha fijado 330 hitos entre 2021 y 2023, aunque la vicepresidenta ha adelantado que España ha conseguido ya 100.
En total, España obtendrá para el conjunto de 2021 unos 25.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se suman a los 2.000 millones de ayudas del plan REACT-EU, destinado a reforzar el gasto sanitario y educativo de las comunidades autónomas, incluyendo, por ejemplo, las vacunas contra la Covid-19.
Y es que, a la espera de que llegue el dinero prometido, que en el caso de España son 140.000 millones hasta 2026, la mitad como subvenciones directas, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos de este año una primera partida de 27.000 millones de euros con cargo a dichos fondos.
El Gobierno ha hecho público este miércoles el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al completo, compuesto por más de 2.000 páginas, que incluye el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar esos 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.
Tras la aprobación del plan el pasado martes en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo lo remitió el viernes 30 de abril a Bruselas, cumpliendo así el plazo que había dado la Comisión Europea a los Estados miembros para enviar sus planes nacionales.
La Comisión Europea tiene hasta dos meses para dar el visto bueno al plan español y al del resto de los estados, aunque Caviño ha asegurado que no es necesario que esté aprobado por Bruselas para que se proceda a su implementación, como ya se ha venido haciendo en algunos sectores, ni tampoco será preciso que la Comisión Europea tenga que autorizar cada proyecto que se desarrolle con arreglo al plan.
El Plan de Recuperación español está articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas para canalizar los fondos de reconstrucción que recibirá España para hacer frente a la crisis.
Para su desarrollo, la vicepresidenta segunda ha instado a “todos los partidos políticos” a que se sumen a este proyecto que conlleva una transformación estructural y permanente de país. “Esa es la aspiración y ambición del Gobierno y espero que se haga realidad lo antes posible, porque no puede ser de otra manera”, ha insitido.
Entre los objetivos fundamentales que se ha marcado el Ejecutivo, destacan impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible, en la mayor oportunidad que se le plantea a España en un siglo para lograr una verdadera transformación de su economía.
Entre las inversiones, se contemplan 20 principales para los tres próximos años, con el foco en la movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.
En total, se movilizarán en el primer periodo 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto “inmediato” en la economía y en el empleo este mismo año. Los otros 70.000 millones se gestionarán en los tres años siguientes.
En concreto, el Gobierno sitúa en un 2% anual el efecto positivo de los fondos europeos tanto para este año como para el que viene y además contempla que permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años.
REFORMAS CONTROVERTIDAS: LABORAL, FISCAL Y DE PENSIONES
Sobre las reformas, la pata del plan más controvertida, se pretende abordar el sistema de pensiones, así como la transformación del mercado laboral, además de la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.
En concreto, Calviño ha asegurado que la reforma del mercado de trabajo es “urgente” y debe estar lista “de aquí a finales de este año” para que el proceso de creación de empleo previsto para el segundo semestre y, sobre todo a partir de 2022, cuente ya con esta nueva regulación y dé lugar a puestos de trabajo de mayor calidad.
En materia de pensiones, la vicepresidenta segunda ha explicado que, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, los objetivos de la reforma contemplados en el Plan de Recuperación y que se quieren conseguir este año pasan por culminar la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social; aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal; asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y diseñar un sistema de cotización de autónomos en función de sus ingresos reales para su entrada en vigor en 2022.
Asimismo, y ya como objetivos a lograr en 2022, la reforma del sistema incluye el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad; el impulso a los sistemas complementarios de pensiones; la reforma de la base y la pensión máxima, y la adaptación del periodo de cómputo de las pensiones “a las nuevas realidades del mercado laboral”, según ha apuntado Calviño.
REFORMA DE LA LEY CONCURSAL
Sobre fiscalidad, la vicepresidenta segunda no ha aclarado si la reforma fiscal “en profundidad” entrará en vigor en 2022 y se remite a las conclusiones del comité de expertos, que deberán presentar su documento final en febrero de 2022.
Durante la rueda de prensa Calviño ha adelantado que desde el Gobierno siguen trabajando para la reforma de la ley concursal, con el objetivo de tenerla “encarrilada” antes de que termine la moratoria extraordinaria a final de año. “Es algo prioritario para los próximos meses”, ha remarcado.