El Gobierno transferirá casi 3.000 millones de euros a las comunidades autónomas y ayuntamientos con el objetivo de implementar zonas de bajas emisiones en las ciudades, construir aparcamientos disuasorios o renovar sus flotas de transporte público.
Así figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se figuran dos partidas de 1.300 millones en transferencia a las comunidades y otra de 1.500 millones a ayuntamientos, así como una última de 105 millones para la mejora de la red de carreteras en entornos urbanos.
Para las comunidades, por una parte, habrá 900 millones de euros para financiar el 100% de los costes en actuaciones de titularidad autonómica que contribuyan al objeto de creación o funcionamiento de zonas de bajas emisiones en los entornos metropolitanos o a la transformación digital o sostenible del transporte.
Por otra parte, se abre un fondo de 400 millones de euros para que las diferentes regiones convoquen unas líneas de ayudas destinadas a la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte, excluidas las de titularidad municipal.
Así, estas últimas ayudas están ideadas para que las empresas privadas puedan comprar vehículos de bajas emisiones, implantar infraestructuras de repostaje de vehículos industriales con combustibles alternativos o achatarrar vehículos antiguos.
Las transferencias a los ayuntamientos, por su parte, que alcanzarán los 1.500 millones de euros, incluyen entre sus objetivos la implantación de zonas de bajas emisiones, la transformación digital y sostenible del transporte colectivo e impulso a la movilidad sostenible y también a la transformación de sus flotas de transporte, en este caso públicas.