El traspaso de los fondos todavía tiene que ser aprobado en la Conferencia Sectorial de Medioambiente
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha acordado en el Consejo de Ministros de este martes el reparto a las comunidades autónomas de 90 millones de euros para la recuperación de zonas afectadas por la minería, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte).
“Los fondos permitirán actuaciones en al menos 89 emplazamientos seleccionados consensuadamente con las comunidades autónomas”, ha informado el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (Miteco) en un comunicado.
Las ayudas estarán destinadas a recuperar áreas degradadas por la actividad minera y prevén reducir el riesgo tanto para las poblaciones cercanas como para la vida silvestre “al eliminar focos de contaminación” y transformar en sumideros naturales de carbono las áreas restauradas.
Sin embargo, antes del traspaso de los fondos, la iniciativa debe someterse a la aprobación de la Conferencia Sectorial de Medioambiente, a pesar de que las ayudas ya tuvieron el visto bueno de todas las comunidades autónomas en la Comisión Sectorial del pasado 13 de mayo.
ANDALUCÍA Y CASTILLA Y LEÓN, LAS MÁS BENEFICIADAS
Andalucía, con 29,4 millones, es la comunidad autónoma que recibirá más ayudas, seguida por Castilla y León (17,1 millones) y Cantabria (10,8 millones).
La Región de Murcia no se incluye en el acuerdo por el trato singular otorgado a las cuencas mineras del entorno del Mar Menor, que recibirán 40 millones, matiza el Miteco.
En ese sentido, estos 90 millones de euros en ayudas se añaden a los 698 millones ya trasferidos en 2021 en el marco del componente cuatro del Perte, que cuenta con una dotación de 1.642 millones.
La cartera que dirige Teresa Ribera también ha señalado que con este acuerdo se aseguraría el cumplimiento de dos de los objetivos de la decisión de ejecución del Consejo de la Unión Europea sobre el Perte español.
Por un lado, rehabilitar al menos el 50% de 20 emplazamientos mineros antes de julio de 2023 y, por el otro, concluir al menos 30 antiguos emplazamientos mineros antes de julio de 2026, incluyendo la descontaminación del suelo, la recuperación de la morfología y la restauración y naturalización.