MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha trasladado a Junts el compromiso del Gobierno para recuperar la convivencia política y social en Cataluña que derive en un impulso de la actividad económica y la vuelta de las empresas que se fueron de la región por el proceso independentistas, si bien ya ha avisado que eso se logra con estabilidad política, seguridad jurídica e incentivos.
En la sesión de control de este miércoles en el Congreso, el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, ha pedido al Ejecutivo garantías para la vuelta a Cataluña de esas compañías que se fueron de la comunidad autónoma a partir de 2017 por el proceso independentistas.
A juicio del independentista, fue la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy la que “forzó” el traslado de la sede de miles de empresas fuera de Cataluña, con el objetivo de “castigar económicamente” a la región.
“Es evidente que hay que revertir los efectos de aquella operación de Estado, y ahora que Junts es clave en este hemiciclo, aquello imposible en los últimos cuatro años ahora se hace realidad”, ha subrayado Cruset.
NORMALIZAR LA VIDA SOCIAL EN CATALUÑA
En su respuesta, Hereu ha dicho que lo que “es evidente” es que tanto Junts como el Ejecutivo comparte el “gran objetivo” de normalizar la vida social, política y económica en Cataluña, que cree que derivará en un impulso de la industria, el comercio y la actividad económica en la comunidad autónoma.
“Construir la convivencia en Cataluña es una de las mejores bazas para poder recuperar la actividad económica y, de forma natural, ir recuperando la presencia empresarial en un cierto momento”, ha agregado el ministro.
Sin embargo, el diputado de Junts ha señalado que en Cataluña “no hay problemas de convivencia” y ha adelantado que su formación va a ser “exigente” en cuanto a la vuelta de las empresas. “No formamos parte de ningún bloque del Estado español y sólo nos debemos a Cataluña y su gente”, ha advertido Cruset.
En su réplica, el ministro ha destacado la “magnífica gestión” que Cruset ejecutó bajo la presidencia del Puerto de Tarragona y le ha recordado que algunas de las motivaciones que llevan a las empresas a fijar su sede en una región están relacionados con la estabilidad política, la seguridad jurídica y los incentivos que se pueden dar, algo que a su juicio no se cumplía en los días del referéndum de 2017. “Por tanto, vamos a ir trabajando en todos esos factores”, ha remachado el ministro.