Alvear explica ante el juez de la Audiencia Nacional que al analizar el estado del banco en la compra privada vieron que tenía muchos problemas
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El que fuera director financiero de Bankia en 2017 y actual director financiero del Sabadell, Leopoldo Alvear, ha señalado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la resolución del Banco Popular que cuando analizaron el estado de esa entidad en 2017 para ver si les interesaba acudir a la compra privada, vieron que existían muchos riesgos, incertidumbres y problemas, y que consideraron que su valor “estaba por debajo de cero euros”.
Según fuentes presentes en su declaración, consultadas por Europa Press, Alvear ha explicado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, que cuando accedió al Virtual Data Room (VDR) fue consciente de que en el Popular había incertidumbres respecto a tasaciones y créditos, y que la entidad necesitaba muchísimas provisiones.
Ese VDR era la plataforma digital donde se compartía toda la información relevante del Banco Popular con las entidades invitadas a participar en el proceso de venta privada, con la finalidad de que estas entidades y sus asesores pudieran adoptar con fundamento su decisión de comprar y en su caso cuantificar la oferta económica. Además de Bankia, acudieron a esa venta privada en 2017 el BBVA, el Sabadell, La Caixa y el Santander –este último acabó adquiriéndolo por 1 euro–.
Tras mencionar ese análisis de Bankia, ha indicado que para ellos y según sus cálculos, el Popular valía “menos de cero”. Además, ha aclarado que la heredera de Caja Madrid no podía aspirar a comprar el banco porque estaban inmersos en un plan de reestructuración y necesitaban el permiso del Banco de España, algo que no llegó.
No obstante, el exdirectivo de Bankia ha apuntado que aunque hubieran obtenido luz verde por parte del supervisor bancario, no habrían comprado el Popular porque a la par estudiaban la compra del Banco Mare Nostrum (BMN), una entidad menor que tenía menos problemas y era más manejable.
Otras fuentes consultadas han coincidido en que Alvear ha señalado ante Calama que si bien no podía dar datos exactos de cómo estaba el Popular en 2017, sí que encontraron deficiencias en sus provisiones, en la clasificación de acreditados, y que vieron un grave problema de liquidez. Por eso, el entonces CFO de Bankia ha explicado que decidieron no postularse porque consideraron que el banco necesitaba una ampliación de capital de entre 7.000 y 8.000 millones de euros, y ellos como Bankia no podían llegar.
EN LA CNMV SORPRENDIÓ LA AMPLIACIÓN
En la jornada de hoy también ha declarado ante el juez y las partes el responsable de Mercados Primarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Lázaro, quien ha explicado que le sorprendió bastante que esa entidad en 2016 optara por una ampliación de capital tan elevada, más de 2.000 millones de euros, cuando se habían aprobado las cuentas hacía poco.
Lázaro, durante su declaración ante el juez, ha señalado en relación a la aprobación del folleto por parte de la CNMV de la ampliación de capital que ellos sólo registraron la emisión del mismo. Para alguna de las acusaciones consultadas, esto supone “echar balones fuera” ya que se ha dejado entrever que nadie supervisó el contenido material de ese folleto para la ampliación.
Preguntado sobre el proceso de registro de ese tipo de documento, Lázaro ha explicado que la supervisión de la solvencia corresponde al Banco de España y el cumplimiento a la CNMV.
De hecho, una de las líneas de investigación de esta causa gira en torno a si el Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para que acudieran a esa ampliación de capital de mayo de 2016, que fue por más de 2.505 millones, y si “de forma deliberada no le restó del capital regulatorio”.
En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución de la entidad, una que abarca esas presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital, y otra que atañe a las filtraciones a prensa de un año después y que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.