El 61,2% de expertos apoyan el endurecimiento de política monetaria, pero adelantan una subida de tipos suave y gradual
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Consenso Económico elaborado por PwC ha rebajado desde el 5,2% hasta el 4,3% la estimación de crecimiento del PIB para este año y ha elevado del 3,4% al 6,6% la previsión de inflación para 2022, de acuerdo con las proyecciones de un panel de más de 450 expertos, directivos y empresarios.
Confirman así que la economía española ha entrado en una fase complicada como consecuencia de la prolongación de la pandemia, los problemas de suministro en el comercio mundial y la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia.
Aunque los expertos señalan que el crecimiento del 4,3% en 2022 y del 3,9% en 2023 estimado suponen aumentos del PIB todavía sólidos en términos históricos, han advertido de que España viene de registrar una caída muy profunda de la actividad en 2020 y que se esperaba que el ejercicio actual se completaría la recuperación que ya se inició en 2021, cuando el PIB aumentó un 5,1%.
En la evaluación global de la coyuntura económica española, sube notablemente el porcentaje de los que consideran que la situación es mala o muy mala –que pasa del 8% de la anterior encuesta al 28% de la actual– y baja en parecida proporción el de los que piensan que es excelente o buena –del 41% al 18%–, si bien más de la mitad la califican de regular.
De cara al futuro, el 46,5% de los encuestados cree que la coyuntura irá a peor, frente al 10% que esperan que mejore. En cambio, las perspectivas para dentro de un año son algo más positivas, con un 40,5% de respuestas que confían en una mejora, aunque todavía hay un 30% de opiniones pesimistas.
POCA PREOCUPACIÓN POR LOS EFECTOS DE LA SEGUNDA RONDA DE LA INFLACIÓN
La inflación es el otro foco de preocupación que revelan los resultados de la encuesta. La mediana de las previsiones para junio y para final de año prácticamente se duplica.
Si en el anterior Consenso los encuestados entendían que la tasa de aumento de los precios sería en esas fechas del 3,4% y del 2,5%, respectivamente, ahora se dispara hasta el 6,6% para 2022 y del 4,7% para 2023.
Según el informe, esas estimaciones son “congruentes” con la progresiva escalada de los precios en los últimos meses y eso a pesar de que todavía no se han contabilizado los efectos disruptivos de la invasión rusa de Ucrania. “Las movilizaciones de los sectores más críticamente castigados por la subida de los precios demuestran que el impacto será notorio”, han advertido los expertos.
Eso sí, de las respuestas de los panelistas se deriva que existe poca preocupación por los efectos de segunda ronda de la inflación en los salarios, pese a ser unos de los riesgos más señalados por gobiernos y supervisores. Cuando se les pregunta si creen que el BCE será capaz de conseguir su objetivo de situar la tasa de inflación en torno al 2% a mediados de 2023, sólo el 13% de los encuestados considera que no lo logrará por la presión al alza de los salarios.
Preguntados por qué se plantean hacer las empresas ante este tirón de la inflación, el 61,9% de expertos señalan que su política será subir los precios. La causa principal de esta inclinación mayoritaria a aumentar los precios es el incremento de los costes no salariales.
EL IMPACTO DE LA GUERRA EN UCRANIA
Sobre la guerra, la gran mayoría de los encuestados advierten, como era de esperar, sobre las consecuencias sobre la subida de los precios –de las materias primas, de la energía, de los alimentos y de la cesta de la compra en general–.
En un grado intermedio de repercusión negativa se sitúan los mercados bursátiles y las perspectivas de crecimiento económico, ámbitos en los que coinciden casi la mitad de las participantes en la encuesta.
Llama más la atención, sin embargo, que sólo el 14% de los expertos considere que el empleo –en teoría directamente vinculado al crecimiento económico– vaya a resultar afectado por la invasión de Ucrania.
En términos generales, también se va a salvar el sector turístico, pese a que el turismo ruso tiene una cierta importancia en la balanza de pagos, tanto por el número de viajeros –1,8 millones de visitas en un año normal– como por su elevado gasto por persona y día –175 euros–. El impacto en las exportaciones de las empresas españolas y las operaciones de compraventa de empresas será asimismo muy débil y solo el 8% de los consultados da crédito a esta posibilidad.
EL 61,2% DE EXPERTOS APOYAN EL ENDURECIMIENTO DE POLÍTICA MONETARIA
Los resultados del Consenso validan la estrategia del BCE de acelerar el calendario de reducción de compra de activos y analizar su cancelación en el tercer trimestre del año, para iniciar después una fase de subida.
En concreto, el 61,2% de los encuestados la apoyan sin reservas, aunque casi un 30% hubiera preferido que la autoridad monetaria actuase antes. A partir de ahí, las previsiones de los expertos sobre la próxima evolución de los tipos apuntan a un aumento moderado y gradual. La opinión más mayoritaria (44,7%) sostiene que el BCE hará uno o dos movimientos al alza cada año durante los próximos tres e, incluso, el 31,7% contempla una opción más relajada y que el precio del dinero se sitúe, simplemente, en terreno positivo.
En línea con estas opiniones, los encuestados creen que el tipo de intervención, actualmente en el 0%, se situará a finales de este año entre el 0,25% y el 0,5%. De cara a 2024, son más los que piensan que los tipos no llegarán al 1% (un 43,8%) que los que los colocan en una banda entre el 1% y el 1,5% (un 40,5%).
La conclusión que se desprende de todo ello es que los expertos, empresarios y directivos creen que, pese a los sobresaltos de los precios y a la previsible subida de tipos, el BCE va a seguir manteniendo durante varios años una política monetaria laxa, con un riesgo reducido para el crecimiento económico y cuyo resultado será una tasa de interés real –la diferencia entre los tipos nominales y la inflación– negativa.
Precisamente, respecto a las consecuencias del ajuste de la política monetaria, los encuestados consideran mayoritariamente (54,5%) que su endurecimiento tendrá un impacto negativo sobre la sostenibilidad de la deuda pública y el crecimiento económico, además de afectar a la situación financiera de las empresas y de las familias.