Define el marco de actuación que regirá la reestructuración de deuda de las empresas que recibieron financiación avalada por el ICO
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes el Código de Buenas Prácticas que regirá el marco de actuación para la reestructuración de la deuda financiera de las empresas que recibieron financiación avalada, uno de los ejes del paquete de ayudas directas aprobado para apoyar la solvencia de las empresas afectadas por la crisis, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.
El real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 4 de marzo contemplaba tres niveles de actuación para apoyar la solvencia de las empresas golpeadas por la crisis: ayudas directas por 7.000 millones, reestructuración de deudas por 3.000 millones y un fondo de 1.000 millones para capitalizar empresas de mediano tamaño que requieran un apoyo adicional.
El Consejo de Ministros aprobará mañana el marco de actuación que regirá la reestructuración de deuda de las empresas que recibieron financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Por un lado, se alargarán los plazos de amortización en la financiación avalada para que las empresas tengan más tiempo para recuperarse. El pasado mes de noviembre ya se amplió en tres años, hasta un máximo de ocho, la extensión del plazo de devolución de los créditos ICO y se prevé una nueva ampliación.
Asimismo, se establecerá la posibilidad de convertir los créditos en préstamos participativos, lo que favorecerá la calificación crediticia de las empresas, y se podrán acordar quitas en la financiación avalada.
Según ‘El País’, las quitas se aplicarán a partir de un 30% de caída de la facturación del cliente. El diario ‘El Confidencial’, por su parte, informa de que la ampliación del plazo de los ICO será de hasta doce años y que el margen para las quitas se extenderá hasta finales de 2022.
El Código de Buenas Prácticas que el Gobierno aprobará este martes recogerá todos los detalles para una mayor coordinación en la implantación de medidas, aunque en cualquier caso será voluntario para las entidades financieras.