MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes la proposición de ley de Unidas Podemos para impulsar una empresa pública de energía, que bautizan como ‘Producción Eléctrica Española’ (EPE), una idea que la vicepresidenta Teresa Ribera no comparte y sobre la que ahora deberá pronunciarse el PSOE.
La formación morada, que comparte Gobierno con los socialistas, quiere crear esa compañía pública asumiendo concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando y promoviendo nuevas instalaciones de energía renovable. Además, Unidas Podemos plantea que la nueva sociedad colabore con las empresas públicas municipales ya creadas o que puedan crearse para comercializar y gestionar su suministro energético.
Esta es, junto con la reforma del mercado y el recorte de los llamados ‘beneficios caídos del cielo’, la principal propuesta del grupo confederal para combatir la escalada de los precios de la electricidad, opción no contemplada por la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Su examen ante el Pleno de la Cámara Baja, que deberá decidir si tramita o no la propuesta, tendrá lugar apenas una semana después del debate de otra iniciativa en la que los socios de Gobierno han separado su voto, el de las propuestas de Unidas Podemos para la reforma fiscal, no apoyadas por el PSOE.
ESPAÑA TIENE EL MERCADO ELÉCTRICO MÁS PRIVATIZADO
Desde Unidas Podemos argumentan que, si la media en la OCDE de participación pública en las empresas energéticas es del 40%, en España se queda en el 5%, siendo el segundo mercado eléctrico más privatizado, sólo por detrás de Portugal, y que otros países como Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Austria o Finlandia cuentan ya con una empresa pública de energía.
Por otro lado, defienden la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, tanto por su efecto en el mercado como en su gestión medioambiental, recordando que algunas de las concesiones, como la de Ricobayo (Zamora), protagonista el pasado verano por su vaciamiento por parte de Iberdrdola, ya podía haber sido recuperada en 2011.
Según los datos del Observatorio de Sostenibilidad citados por este grupo, alrededor del 7% de las concesiones, en términos de volumen embalsado, ya han expirado y, sin embargo, a muchas de las centrales se les ha extendido la concesión de forma automática. Hasta 2030 la previsión es que otro 8% puedan ser recuperadas, y para poder anticipar y planificar estos vencimientos contemplan la creación de un registro público en la proposición de ley.
Según Red Eléctrica, en España hay instalada 17.098 megavatios de potencia hidroeléctrica, controlada fundamentalmente por Iberdrola (9.715 MW), Endesa (4.793 MW) y Naturgy (1.951 MW). Por sus características, esta tecnología permite almacenar y planificar cómo y cuándo generar electricidad con sus bombeos y turbinados, para maximizar la generación de energía.
LA HIDRÁULICA, BAJO SOSPECHA
Precisamente la energía hidroeléctrica ha sido especialmente señalada durante esta crisis de la electricidad, no solo por Unidas Podemos, que exige recuperar todas las concesiones según vayan caducando, sino por la propia Teresa Ribera, que en el Congreso llegó a lamentar la falta de “empatía social” de las compañías y cuestionó maniobras como el vaciado de embalses para maximizar beneficios en este contexto.
La vicepresidenta de Transición Ecológica destacó cómo la hidroeléctrica había marcado en verano el precio máximo en más de la mitad de las horas de los últimos meses (entre un 59% y un 65% desde junio, en plena escalada récord del precio de la electricidad).
Una tecnología que, además, no incorpora en su generación ni gas natural ni derechos de emisión de CO2, dos de los factores a los que se han aludido para explicar el encarecimiento del precio de la electricidad en toda Europa.
INTERVENCIÓN DE LOS PRECIOS
Desde esta formación asumen que la creación de una empresa pública de energía es de una medida “estructural” con efectos a medio plazo, pero septiembre, momento en el que impulsaron esta iniciativa, proponían establecer un precio fijo al megavatio nuclear y un precio máximo a la energía hidráulica, con menores costes variables y, por tanto, con mayores márgenes de beneficio en la escalada de precios.
Pese a que en un primer momento Ribera descartó una intervención en los precios, atendiendo al derecho comunitario, en octubre aprobó un decreto ley para limitar los precios del gas natural y recortar los ingresos de las eléctricas para descontar el sobreprecio del gas.
Un recorte posteriormente suavizado en otro decreto ley pocas semanas después, para excluir la energía vendida a plazo, pese a que el grupo confederal defendió llevar más lejos ese recorte de beneficios extraordinarios.
En todo caso, Unidas Podemos considera que sus propuestas de limitar los precios son compatibles a la normativa europea y pone el ejemplo del sistema ARENH de Francia, con un precio fijo a la energía nuclear, pero también al precio con el que se retribuye la generación fotovoltaica y eólica en España en las subastas de generación renovable.