MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha modificado la nueva ley del mercado de valores para introducir una serie de enmiendas encaminadas a reforzar el control de los servicios de criptoactivos y, entre otras medidas, permitir que se suspenda la autorización a un proveedor de servicios en el caso de que este cometa una infracción muy grave.
Tras pasar su fase de ponencia, el texto amplía la protección al inversor en los servicios de criptomonedas mediante la introducción de varias propuestas del PSOE en este sentido, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.
Con las enmiendas introducidas, el Grupo Socialista quiere prohibir de manera temporal e impedir a cualquier miembro del órgano de administración del proveedor de estos servicios ejercer funciones de administración.
En el caso de infracciones muy graves, además, la multa para personas físicas pasa de ser de un millón de euros hasta los 700.000 euros. En el caso de una persona jurídica, la multa ascenderá hasta el 12,5% –frente al 10% anterior– del volumen de negocios total durante el ejercicio precedente.
SE LIMITA A SEIS AÑOS EL MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA CNMV
Por otro lado, la ley fijará en seis años el mandato del presidente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sin opción a renovar, un punto que ya se incluía en el documento original aprobado en junio por el Consejo de Ministros.
Con esta propuesta, el documento pretende mejorar la gobernanza e independencia de la CNMV. Para ello, amplía el mandato en la presidencia de cuatro a seis años, pero elimina la posibilidad de renovar el cargo.
No obstante, en el caso de los actuales presidente y vicepresidenta, Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez Parera, podrán ser reelegidos por un periodo adicional de dos años, hasta sumar ese máximo de seis años en sus puestos.
De su parte, el texto simplifica algunos procedimientos y elimina cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de inversiones. Para ello, simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija, reducen las tasas de la CNMV que tienen que abonar los emisores de renta fija y propone la eliminación de determinadas obligaciones de información redundantes en el proceso de compensación y liquidación de valores.