MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso debate este martes la proposición de ley impulsada por el Parlamento del País Vasco para crear un fondo de compensación a víctimas del amianto, con el fin de resarcir a trabajadores expuestos a este material cancerígeno y a sus familias.
Desde 2016, la Cámara ha impulsado diferentes iniciativas para reconocer indemnizaciones y definir su financiación, sin que haya podido completar su tramitación. Primero, por rechazo del entonces Gobierno de Mariano Rajoy, por suponer un aumento del crédito presupuestario, y después por la disolución anticipada de las Cortes Generales en 2019.
La propuesta contempla la creación de este fondo, adscrito al ministerio competente de la Seguridad Social, al que se encomienda “la reparación íntegra de los perjuicios” a toda persona que haya obtenido reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto, pero también de “toda persona que haya padecido un perjuicio resultante de una exposición al amianto” en España.
Como fuente de financiación, la ley que llega al Congreso cuenta con las cotizaciones abonadas por los empresarios, aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, posibles transferencias vía Presupuestos, o cantidades obtenidas por subrogación.
Esta iniciativa, aprobada en mayo de 2019 por unanimidad en la Cámara vasca (PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP), destaca que entre 1994 y 2008 murieron en España 3.943 personas por enfermedades vinculadas directamente al amianto. Esta sustancia, que hace años era muy utilizada en la construcción y en la industria, ha sido prohibida debido a su carácter cancerígeno.
EL CONGRESO LLEGÓ A UN PREACUERDO SOBRE SU FINANCIACIÓN
Antes de la disolución de las Cortes Generales a principios de 2019 por la convocatoria anticipada de elecciones, los grupos del Congreso alcanzaron un preacuerdo para delimitar la financiación del fondo, a través de cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el fondo de contingencias profesionales del sistema de la Seguridad Social, cantidades obtenidas por subrogación y posibles aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, se estableció la utilización de los ingresos por sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo como consecuencia de incumplimientos en materia de salud laboral referidos a la exposición al amianto.