El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de la Covid-19, al tiempo que se ha aprobado su tramitación como proyecto ley por el procedimiento de urgencia.
En concreto, el Congreso ha convalidado el decreto que da luz verde a las comunidades autónomas a ampliar las ayudas directas dentro del fondo de 7.000 millones a más sectores y a empresas con pérdidas en 2019 con un total de 294 votos a favor, ninguno en contra y con un total de 52 abstenciones.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sido la encargada de defender ante el Congreso el decreto, asegurando que “desde el primer momento” el Ejecutivo se planteó reconsiderar los sectores que pudieran cumplir con los requisitos fijados en el decreto aprobado en marzo y dotado con un total de 11.000 millones, de los que 7.000 millones corresponden a ayudas directas.
Así, en abril, el Gobierno dio luz verde, a través de otro real decreto, a la posibilidad de que las comunidades pudieran incluir nuevos sectores especialmente afectados en sus territorios, como es el caso del calzado y del vino en algunas regiones, además de empresas “viables” que hubieran registrado pérdidas en 2019 debido a “circunstancias excepcionales”.
Como ejemplo de circunstancia excepcional, la ministra señaló el impacto de la quiebra de Thomas Cook en las empresas turísticas y particularmente en Canarias y Baleares.
Algunos de los grupos políticos del Congreso han transmitido a la ministra ciertas reticencias y críticas sobre la tardanza y complejidad de la puesta en marcha de estas ayudas.
En concreto, desde el Partido Popular, aunque han mostrado su voto favorable, han criticado que el decreto llega “tarde” y después de un anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso “y no como planificación por parte del departamento que dirige Calviño”, mientras que Vox ha señalado que el decreto es “insuficiente, llega tarde y con procedimientos para su ejecución “lentos y farragosos”.
Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha señalado que el decreto llega “tarde y mal” respecto a otros países europeos, advirtiendo de que muchas empresas se han quedado por el camino, y desde Ciudadanos han criticado que el decreto ahonda en la desigualdad percibida en el decreto anterior entre comunidades.
PAÍS VASCO, NAVARRA, CEUTA Y MELILLA, NO HAN FIRMADO LOS CONVENIOS
Todas las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya han firmado los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha las ayudas directas de 7.000 millones destinadas a autónomos y empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.
Sobre esta cuestión, Idoia Sagastizabal (PNV) ha asegurado que en el caso de Euskadi se firmará el convenio, pero ha achacado este retraso a las peculiaridades del sistema de tributación, que había que homologar. Además, la diputada, aunque lo apoya, ha criticado que el decreto no haya sido consensuado previamente con los grupos políticos ni con las comunidades autónomas.
La ministra ha señalado, además, que el Gobierno ya ha transferido la parte correspondiente de los recursos a Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana, y en los próximos días se realizará el desembolso a Cataluña, Murcia, La Rioja, Andalucía y Cantabria.
El Ministerio de Hacienda remitió el pasado 15 de abril a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, y les pidió que tramitaran la firma de dichos convenios con carácter de urgencia, aunque sin establecer una fecha límite para su rúbrica.
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS
En el decreto defendido este jueves por Calviño, el Gobierno también incluyó una medida para garantizar la liquidez de las empresas y agilizar los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y de Hacienda.
Es decir, la medida va a afectar a deudas que se derivan del reintegro o del reesembolso de ayudas o de préstamos que se conceden por la Administración General del Estado (AGE) y se distribuyen desde el ámbito territorial en las delegaciones correspondientes.
También afectará a deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a las delegaciones de Economía y Hacienda o a aquellas que se encuentran en periodo voluntario de pago o que se aplazan o se fraccionan previamente.
Para este tipo de deudas, se ha habilitado a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder un periodo de carencia de hasta dos años para el pago de obligaciones no tributarias y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.