Concreta términos de precontratación para Uber y Cabify y fija sanciones de hasta 30.000 euros contra la morosidad a transportistas
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Congreso ha aprobado y enviado al Senado este martes la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, con sanciones a la morosidad en el transporte por mercancías por carretera, pero también obligaciones más restrictivas para los servicios de VTC (vehículos de turismo con conductor), como Uber o Cabify.
A favor de la reforma han votado el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, mientras que el PP y Vox se han abstenido.
De esta forma, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con competencia legislativa plena, ha dado carpetazo a la tramitación de los dos proyectos de ley, uno con sanciones a la morosidad en el sector del camión, y otro para completar el régimen de infracciones de las VTC, aprobados en diferentes fases por el Gobierno de coalición y que modificaban puntualmente esta norma.
RÉGIMEN SANCIONADOR PROPORCIONAL CON TRAMOS SEGÚN LA DEUDA
Finalmente, en lo que respecta a las sanciones a la morosidad, se distingue a partir de una deuda de 3.000 euros una infracción grave o muy grave, con tres tramos de cuantías en función de la cantidad adeudada, con multas de 401 hasta 6.000 euros, según la enmienda pactada entre el PSOE, el PP y el PDeCAT a iniciativa de estos últimos, a la que ha tenido acceso Europa Press. La propuesta inicial remitida por el Gobierno al Congreso el pasado mes de febrero únicamente contemplaba multas de entre 1.000 y 6.000 euros, tipificando toda infracción del límite máximo de pago.
La introducción de criterios de progresividad hace que el nuevo régimen sancionador contemple multas de entre 401 a 600 euros cuando el precio del transporte sea inferior a 1.000 euros; de 601 a 800 euros cuando la deuda no alcance los 1.500 euros; y de entre 801 y 1.000 euros para aquellas deudas de entre 1.501 y 3.000 euros; todas ellas consideradas infracciones graves.
A partir de esa cantidad serán consideradas infracciones muy graves, con castigos de 1.001 a 2.000 euros cuando la deuda se sitúe entre los 3.001 y 4.000 euros; multas de 2.001 a 4.000 euros para deudas de hasta 6.000 euros; y a partir de ahí multas de 4.001 a 6.000 euros.
A última hora, la Comisión ha aprobado incluir una enmienda del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, a la que ha tenido acceso Europa Press, para elevar hasta 30.000 euros las multas, en caso de reincidencia y si, o se arrastra un retraso de seis meses o la deuda “afecta significativamente a la capacidad y solvencia” del acreedor.
SE ENDURECE LA REGULACIÓN A LAS VTC
La ley incorpora también cambios en la regulación de las licencias de VTC (vehículos de turismo con conductor), como Uber o Cabify, a partir de otro proyecto de ley aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros, pero que la Comisión de Transportes ha acordado tramitar conjuntamente.
Así, durante su tramitación se han incorporado enmiendas del PSOE y Unidas Podemos que abundan en las infracciones relativas a la precontratación, definiendo como infracción muy grave la búsqueda de clientes que no hayan precontratado el servicio y endureciendo la posible revocación de licencia, en línea de las reivindicaciones del sector del taxi
Concretamente, los cambios introducidos relativos a las VTC contemplan que la imposición de tres sanciones en un período de dos años a partir de la imposición de la primera de ellas pueda dar lugar a la revocación de una licencia. Inicialmente, el proyecto aprobado por el Gobierno pasaba por la retirada de la misma si se imponían cinco sanciones en un año.
BUSCAR O RECOGER SIN PRECONTRATACIÓN SERÁ INFRACCIÓN MUY GRAVE
Además, se va más lejos en lo previsto por el Gobierno en materia de infracciones. Según la enmienda introducida por la ponencia de la ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, será infracción muy grave que un servicio VTC conduzca para buscar, recoger o propiciar la captación de clientes que no hayan contratado ni solicitado previamente en un tiempo previsto el servicio.
También se concreta como infracción muy grave iniciar un servicio y recoger clientes sin que los clientes hayan efectuado la precontratación del servicio, entendiendo para esta un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio.
Asimismo, la reforma tipificará como infracción muy grave la salida de vehículos VTC del lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados sin llevar a bordo la documentación exigible y la hoja de ruta del servicio, al igual que no facilitarlo a los servicios de inspección. Todas estas infracciones, en caso de arrastrar previamente una sanción, acarrearán una multa de entre 2.001 a 6.000 euros.
CAMBIOS SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LAS CCAA PARA REGULAR
También modifica la habilitación a las comunidades autónomas competentes en la regulación de VTC, contenida en el decreto ley aprobado por el primer Gobierno de Pedro Sánchez en septiembre de 2018. Así, se concreta la definición de precontratación a regular por las comunidades, entendida “como el establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio”.
La enmienda incluida en la nueva ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, elimina también la mención a “captación de clientes” dentro de las posibilidades regulatorias de las comunidades, pero sí contempla la regulación de “medidas destinadas a minimizar los recorridos en vacío”.
CAMBIOS EN EL SECTOR FERROVIARIO Y EN PUERTOS
Además, la reforma incorpora cambios impulsados desde el Ministerio de Transportes, y registradas por el PSOE en solitario, en materia ferroviaria, aérea y portuaria, en este caso unas modificaciones sobre el régimen jurídico de Senasa (Sociedad Mercantil Estatal Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica).
En la Ley del Sector Ferroviario, el PSOE ha logrado una modificación para evitar que, entre las causas para revocar de forma automática una licencia concedida a una empresa, esté la imposición de dos sanciones por infracciones muy graves en el plazo de un año, una modificación sustancial de cara a la liberalización de este sector y la entrada de competidores privados.
En el caso de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, los cambios impulsados por el departamento que dirige José Luis Ábalos van en la línea de clarificar la competencia para imponer sanciones por infracciones graves por contaminación desde buques o plataformas en espacios marítimos, que recae en el Director General de la Marina Mercante.
LA REFORMA PODRÍA ESTAR EN VIGOR ESTE MISMO MES
Finalmente, la Comisión ha acordado incluir una enmienda pactada entre el PP y el PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, para permitir que en los próximos dos cursos escolares puedan prestar servicios autobuses de entre 10 y 18 años y hasta 20 en caso de territorio extrapeninsular.
Es precisamente por esta enmienda, que afecta a las licitaciones del transporte escolar del próximo curso, la que ha condicionado la tramitación de la norma, ya que el Gobierno, y buena parte de los grupos, coinciden en dar salida a la norma y agilizar su paso por el Senado.
Así, diferentes fuentes parlamentarias han informado a Europa Press que la intención de los grupos del Gobierno, y el respaldo de otras fuerzas, incluido el PP, es tramitar la norma de forma urgente en la Cámara Alta para que pueda estar en vigor este mismo mes o a principios de julio.