Responsabiliza del “fallo sistémico” que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Investigación del accidente JK5022 de Spanair con 219 votos a favor, 121 votos en contra y con seis abstenciones.
Con votos positivos del PP, Vox y Unidas Podemos, el Pleno ha rechazado el voto particular del PSOE al dictamen. Los socialistas decidieron emitir su voto particular en contra del dictamen al considerar que algunos puntos de este suponen una “grave vulneración de la ley” y pueden ser contrarios al derecho.
El dictamen, aprobado el pasado 22 abril por dicha comisión, responsabiliza del “fallo sistémico” que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez. Según el documento, el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjeron una “correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente” en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.
El diputado socialista César Joaquín Ramos Esteban ha defendido este jueves que el grupo no “puede” votar a favor del dictamen “porque no tiene garantías jurídicas” y porque no pueden aprobar “un dictamen que siga todavía abierto y las víctimas sigan teniendo en su cabeza que no se cerró”.
Ramos ha indicado que la comisión de investigación “se creó para el apoyo y la reparación de las víctimas”, para “esclarecer los hechos” y para encontrar “enseñanzas para que esto no vuelva a ocurrir”, pero ha considerado que una comisión parlamentaria “no puede declarar responsabilidades”.
La presidenta de la comisión, la diputada de Unidas Podemos Meri Pita, ha manifestado, durante su intervención en el Pleno, que la “conclusión clara es que el sistema falló, no solo el aciago día del accidente, sino de forma previa y posterior al mismo”, por lo que “los encargados de establecer, de evaluar, comprobar y corregir la debilidad del sistema con los medios que el Estado ha puesto a su disposición”, deben “asumir las responsabilidades que les corresponden” tanto políticas como públicas.
Pita ha añadido que los gobernantes tienen que “desplegar un cuidado formal y material como garantes de la ciudadanía”, por lo que su responsabilidad “no es meramente formal”. Así, ha defendido que la comisión “señala responsabilidades, no imputa delito porque no tiene competencias para hacerlo”, añadiendo que “eso le corresponde a otro ámbito que, desde luego, no es el Legislativo”.
El dictamen recoge que el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjeron una “correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente” en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.
En dicha comisión, aprobada el 6 de febrero de 2018 por el Pleno del Congreso de los Diputados, han comparecido un total de 48 comparecientes y se ha analizado documentación tanto pública como privada.
El documento recoge que el fallo sistémico que provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados del comprobar el correcto funcionamiento del sistema a través de los medios del Estado y establece un listado de cargos que en 2008 asumían puestos de responsabilidad, tanto en el Ministerio de Fomento como en la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), Aena y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac).
Entre ellos, se encuentra el entonces secretario general de Transportes y secretario de Estado, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; el jefe de Gabinete de la ministra Álvarez, Antonio Fernández; y Manuel Azuaga, presidente de Aena entre 2004 y 2008.
El dictamen añade que, “más allá de las responsabilidades civiles, penales o morales”, en una democracia “debe plantearse con normalidad la responsabilidad política en un sentido fuerte, aquella en la que los gobernantes deben responder por todo aquello que tiene que ver con lo que efectivamente gobiernan”.
“UNA SERIE DE HECHOS CONCATENADOS QUE ACABAN EN TRAGEDIA”
En las conclusiones, el dictamen señala que la compañía Spanair ya sufría por entonces las “serias dificultades económicas” que provocaron su quiebra en 2011, mientras que el Reglamento Europeo dispone que es necesario que las compañías aéreas operen “con criterios de buena gestión económica” para garantizar la seguridad. La compañía también habría recibido “sin mediar inspección” la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad para el avión siniestrado por parte de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC).
El documento también recoge la actuación tanto de los técnicos de mantenimiento de Spanair, que solucionaron el problema inicial del avión “sin averiguar qué estaba originando la avería”, como la de los pilotos, que “presionados por el compromiso” de puntualidad de la aerolínea, así como por el ERE presentando por Spanair días antes, no chequearon de manera correcta el sistema de despegue del avión.
Todo ello, sumado al fallo de la alarma TOWS, que no advirtió de la configuración incorrecta, un problema detectado hasta en 72 ocasiones en otros aviones y que Boeing “no ha podido o no ha querido acreditar las causas de estos fallos”.
Asimismo, el dictamen considera que el plan de emergencia de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no funcionó correctamente, activándose de manera tardía el día del siniestro. Por ello, señala que en el accidente de Spanair fallaron “todas las barreras de seguridad”.
Entre las recomendaciones, el dictamen detalla una serie de puntos que la Comisión considera que deberían trasladarse al Ministerio Fiscal. Entre ellos, que tanto la DGAC como la CIAIAC no hayan enviado documentación solicitada por la Comisión; la reclamación a Boeing de los datos técnicos del MD82 que no fueron facilitados; el posible delito de revelación de secretos de Estado por las filtraciones en las comunicaciones por parte del Ministerio de Fomento, y comprobar si el trato de la aseguradora Mapfre a las víctimas y familiares se ajustó a la normativa europea e internacional.
Asimismo, otras de las recomendaciones plantean la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples; que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elabore un informe que recoja las diversas acciones preventivas y correctivas que han sido llevadas a cabo por parte de las instituciones públicas involucradas en la seguridad aeronáutica después de ocurrido el siniestro el 20 de agosto de 2008; y que se revisen los protocolos de asistencia sanitaria o de administraciones autonómicas y locales, compañías aéreas, Protección Civil y Aena, además de realizarse simulacros para garantizar la seguridad en accidentes aéreos.