El 80% de las operaciones comerciales se realizan en efectivo y un 40% de los españoles cree muy importante tener acceso a este medio de pago
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El comercio ha advertido de que limitar a 1.000 euros el pago en efectivo puede perjudicar “seriamente” la recuperación del consumo y ha considerado que no es el momento de adoptar medidas de este tipo que van en dirección contraria a las promovidas en Europa.
Así lo han puesto de manifiesto la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Confederación Española de Comercio (CEC), la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) después de que el Congreso de los Diputados aprobara ayer la Ley contra el Fraude, que rebaja la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas desde los 2.500 hasta los 1.000 euros.
En su opinión, el límite de 1.000 euros a los pagos en efectivo que el proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal pretende introducir supone un “ataque directo” al medio de pago utilizado mayoritariamente en España.
En concreto, según datos del Banco Central Europeo (BCE), el 83% de las operaciones de compra son en efectivo, diez puntos más que la media europea y representan el 60% de todo el volumen de las ventas del sector del comercio, con más de un 40% de los españoles que considera muy importe el acceso y el uso de efectivo.
El sector del comercio afirma que el dinero en efectivo es un medio de pago emitido y garantizado por los Estados, por lo que “no se puede poner bajo sospecha de delito el uso de la moneda en curso legal por parte de los ciudadanos”.
“Es una medida inoportuna que puede incidir negativamente en la recuperación del sector del comercio, uno de los más perjudicados por la pandemia”, ha señalado el director general de Anged, Javier Millán-Astray, quien ha denunciado la pérdida de de cerca de 60.000 empleos en el último año, en el que las tiendas han estado cerradas un mínimo de 90 días y un hasta 225 días en algunas comunidades autónomas.
Millán-Astray ha pedido al Ministerio de Hacienda que reconsidere esta medida para que en la actualidad no se ponga en práctica y se tenga en cuenta en el momento de recuperación económica.
En concreto, la caída del consumo provocada por la pandemia y las restricciones en España duplica a la media de la Unión Europea y ha tenido un impacto gravísimo en el sector del comercio, con más de 60.000 empleos destruidos y más de 20.000 millones de facturación perdida.
En algunas categorías como la moda, complemento y bienes de equipo personal las ventas acumulan meses de caídas a doble dígito.
El prresidente de Acotex, Eduardo Zamácola, ha resaltado que este tipo de medidas hundirá más al comercio y no incentivará el consumo, al tiempo que ha denunciado que las ayudas directas valoradas en 7.000 millones de euros que “se vendieron a bombo y platillo” son “insuficientes” y ha añadido que “es probable que muchas de esas ayudas no lleguen al comercio” tras caídas del 40% en la facturación en el sector textil.
“Sin un horizonte claro de recuperación y con unas ayudas que no llegan, el comercio pide que al menos no se perjudique más la actividad de las empresas con medidas que van justo en la dirección contraria a las promovidas en Europa. Limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros supone una barrera innecesaria al consumo”, han coincidido en señalar desde las asociaciones comerciales.
Por su parte, el portavoz de CEC y secretario general de FECE, Carlos Moreno-Figueroa, ha indicado que todo el sector comercial está en contra de limitar a 1.000 euros el pago en efectivo, al tiempo que ha indicado que en el sector de los electrodomésticos más de un tercio de los consumidores paga en efectivo. “Hay que facilitar a los consumidores la compra u no ponerles trabas”, ha indicado.
A juicio de las organizaciones comerciales, esta medida supone sustituir el dinero en efectivo garantizado por los Estados por otros medios de pago que tiene un elevado coste para ciudadanos y comerciantes, como los ocasionados por las comisiones del pago y la posesión de tarjeta.
El comercio ha asegurado que comparte el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal en España, porque penaliza la competitividad de las empresas que operan dentro de la Ley. “Sin embargo, parece desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo y a la propia libertad de elección por parte del consumidor, poniendo bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio por valor superior a 1.000 euros”, han añadido desde las organizaciones comerciales.