MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el ‘Plan de Respuesta’ al impacto económico de la guerra en Ucrania, que incluye el ‘veto’ a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.
En concreto, el BOE recoge en su edición de hoy el Real decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros en el se contemplan las principales medidas de este plan, que se extenderá hasta junio, con el objetivo de frenar el impacto económico y social que ya está provocando la guerra.
El Gobierno contempla la movilización 16.000 millones de euros con este plan, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO. Este despliegue de recursos públicos tendrá un impacto fiscal importante en los presupuestos, aunque el Ejecutivo defiende que hay margen porque el déficit de 2021 ha sido menor del estimado.
El plan se basa en cinco ejes principales: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía.
Entre las medidas más importantes para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas.
El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos, aunque algunas compañías ya han anunciado rebajas superiores. El objetivo es que esta medida sea efectiva ya desde este mismo viernes, 1 de abril.
Este eje dirigido a ciudadanos también incorpora la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses, así como el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables.
Además, se extiende a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prorroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohiben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia.
También se da ‘luz verde’ al Plan Nacional de Ciberseguridad que, finalmente, estará dotado con una inversión de más de 1.200 millones de euros, frente a los 1.000 millones anunciados previamente.
NEGOCIAR CON BRUSELAS “EL PRECIO MÁS BAJO POSIBLE” PARA EL GAS
En cuanto al eje vinculado a la energía, el objetivo del Gobierno es negociar con la Comisión Europea “el precio más bajo posible” para el gas, con el fin de abaratar de forma significativa el precio de la electricidad.
Además de esto, y entre las medidas vinculadas a la energía, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las medidas fiscales aplicadas a la electricidad y ha prorrogado el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus ‘beneficios caídos del cielo’. Esta medida se aplicará a las revisiones y renovaciones de contratos, así como para los nuevos, con un tope de entre 67 y 70 euros.
En cuanto al bono social, se amplían las empresas obligadas a sufragarlo y se aplica una extensión automática para las personas que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Respecto a las empresas con un consumo intensivo de energía, se aplicará una rebaja del 80% de los peajes, con un coste de 250 millones de euros, se aumentará la dotación para compensar los impuestos al CO2 y se establecerán ayudas específicas a los sectores más afectados.
Otra medida es la actualización del sistema de retribución para las renovables acogidas a subvenciones (Recore), con una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones de euros.
SE PODRÁN CONCEDER AVALES DE LA NUEVA LÍNEA ICO HASTA FINAL DE AÑO
En cuanto a las medidas para apoyar al tejido económico y empresarial, el plan contempla una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Estos avales se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses.
Además, se flexibiliza el código de buenas prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondiente a los créditos Covid, de forma que se rebajan los requisitos para la extensión de vencimiento, pues no será necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo.
Además, se habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores de los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad a las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.
Asimismo, el Plan contempla un paquete de ayudas directas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, 68 millones para el pesquero, más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad, 125 millones para la industria gas-intensiva y 450 millones para empresas del transporte de mercancías.
RESPUESTA A LOS SECTORES MÁS AFECTADOS
Las ayudas directas de 450 millones de euros se traducirán en una cuantía de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias.
Respecto a las medidas consensuadas con los transportistas, el Gobierno ha impulsado un paquete de medidas que asciende a 1.000 millones de euros.