Plantea un ‘bonus-malus’ para empresas con menor rotación laboral y revisar la restricción al despido y el compromiso de empleo de los ERTE
El Banco de España destaca en su informe anual del año 2020 la “elevada desigualdad” que existe en las indemnizaciones por despido de los contratos temporales y los indefinidos, un problema que, a su juicio, se mitigaría si se reformara el coste el despido en España y se implantara la llamada ‘mochila austriaca’, lo que propone financiar con parte de los fondos europeos que recibirá España.
Entre las distintas opciones a considerar para reducir esa dualidad, el Banco de España señala los contratos con costes de despido crecientes o un sistema mixto que combine una reforma de los costes de despido con el establecimiento de la ‘mochila austriaca’.
Ésta consiste en un fondo en el que las empresas realizan periódicamente una contribución a nombre de cada uno de sus trabajadores, a los que se permite recuperar estas contribuciones en caso de pérdida involuntaria del empleo (despido o finalización de contrato) o, si no lo han hecho antes, en el momento de la jubilación. En caso de baja voluntaria del puesto de trabajo, el trabajador no perdería el importe acumulado en el fondo: se lo llevaría de ‘mochila’ para seguir ampliándolo con las aportaciones de otros empleadores.
Como contraprestación a las contribuciones de los empleadores, la indemnización por despido se vería reducida.
Con el esquema actual, los ajustes de empleo recaen principalmente en los trabajadores temporales porque su despido es más barato. Además, la indemnización sólo puede percibirse si el trabajador ha sido despedido, limitando su movilidad laboral, ya que si abandona voluntariamente el empleo, pierde la indemnización.
Así, la institución subraya que la implantación de este fondo tendría ventajas a medio y largo plazo respecto a la regulación actual. En primer lugar, argumenta, todos los trabajadores, sin excepción, acabarían recibiendo en algún momento de su vida el importe acumulado en su ‘mochila’, lo que supondría a su vez un incentivo a la movilidad laboral.
Desde el punto de vista de las empresas, al tener que hacer aportaciones periódicas en lugar de pagar de golpe una indemnización por despido, la implantación de este fondo “permitiría suavizar en el tiempo posibles tensiones de liquidez”, apunta el Banco de España, que añade que, con este sistema, los despidos podrían fundamentarse en mayor medida sobre consideraciones de productividad y eficiencia que sobre sus costes.
FINANCIAR PARCIALMENTE LA MOCHILA CON FONDOS EUROPEOS
Pese a sus ventajas a medio y largo plazo, el Banco de España reconoce que la creación de un fondo que financie una parte de la indemnización en caso de despido puede resultar “costosa” a corto plazo, pues si se financiara con cotizaciones empresariales, como sucede con el fondo austriaco, las empresas soportarían un sobrecoste durante los primeros de vigencia del sistema al tener que abonar, simultáneamente, las nuevas cotizaciones y las indemnizaciones por despido acumuladas bajo el esquema previo.
Por ello, el Banco de España afirma que los recursos del programa ‘Next Generation EU’ podrían ser utilizados para mitigar parcialmente el sobrecoste que asumirían las empresas durante la transición hacia el nuevo esquema y que cifra en unos 8.000 millones de euros tomando como referencia el periodo 2013-2016.
“Un uso de los fondos de este programa europeo para este fin estaría en línea con las condiciones establecidas en el reglamento de la Comisión Europea, que indica que las reformas financiables con estos fondos deben ayudar a potenciar el crecimiento o a mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental”, apunta la institución, que recuerda que en dicho reglamento se citan expresamente, como ejemplos admisibles, las reformas en el sistema de pensiones o en el mercado de trabajo.
El Banco de España realiza algunas simulaciones en su informe a partir del Panel de Datos de Empresas y Trabajadores (PET) para el periodo 2013-2016. En una primera hipótesis compara los costes de despido del sistema actual con los que se hubieran producido si durante dicho periodo las empresas hubieran aportado a los fondos individuales de los trabajadores una cantidad equivalente a seis días de salario por año trabajado y las indemnizaciones por despido fueran la mitad que ahora, es decir, 16,5 días por año trabajado en despidos improcedentes; 10 días por año en despidos objetivos y 6 días por finalización de contratos temporales.
La conclusión de este escenario hipotético es que, durante el periodo 2013-2016, los costes totales pagados por las empresas (incluyendo tanto las aportaciones al fondo como las nuevas indemnizaciones por despido) serían muy similares al importe total de las indemnizaciones por despido que las empresas deberían abonar bajo el modelo actual (28.010 millones de euros frente a 27.998 millones).
En la segunda hipótesis que realiza, el Banco de España asume que la reforma de los costes del despido entraría en vigor el 1 de enero de 2013, manteniéndose los derechos de indemnización acumulados antes de la misma para los trabajadores que estuvieran en alta, y sumándole los costes de despido que implicaría la rebaja a la mitad de las indemnizaciones para los trabajadores con antigüedad acumulada entre el 1 de enero de 2013 y la fecha de baja en la empresa.
En esta hipótesis de transición, que incluye además las aportaciones al fondo individual de los trabajadores, los costes que tendrían que asumir las empresas en el periodo 2013-2016 serían de 37.093 millones de euros, por lo tanto unos 9.000 millones de euros superiores a los deberían abonar en el sistema actual.
Para cubrir esa brecha, plantea la posibilidad de que el Estado financie una parte de las contribuciones empresariales al nuevo fondo, pero sólo en el corto plazo y de manera decreciente, de forma que pasados seis años desde la aprobación de la reforma las empresas asumieran la totalidad de las aportaciones a la ‘mochila’.
Con ese apoyo estatal, que el Banco de España cifra orientativamente en unos 8.000 millones de euros, los costes totales de las empresas con el nuevo sistema mixto se verían reducidos. Si estos datos se extrapolan a 2017, el coste total para las arcas públicas de financiar la transición hacia el nuevo modelo sería de 8.660 millones de euros.
Ahora bien, la institución recuerda que estos cálculos se han elaborado a partir de datos procedentes de un periodo de expansión económica, por lo que la cantidad podría variar si se combinaran distintas fases del ciclo.
En todo caso, reconoce que esta reforma del despido podría llevar a un aumento de los mismos al reducirse su coste y a que éstos no se concentraran sólo en los trabajadores temporales. Por ello, sugiere considerar la introducción de un sistema ‘bonus-malus’ (bonificaciones y penalizaciones), que redujese las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas con menor rotación laboral, y viceversa.
REVISAR EL COMPROMISO DE EMPLEO DE LOS ERTE
En su informe anual, el Banco de España apuesta por mantener los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en los próximos meses en aquellos sectores más castigados por la crisis.
De cara al futuro, pide que los ERTE faciliten la reasignación del empleo hacia empresas y sectores más productivos y que las exoneraciones de cuotas se vinculen en mayor medida a la participación de los trabajadores afectados en programas de formación.
Al mismo tiempo, y dada la duración de la crisis, la institución considera “deseable” valorar si las restricciones a los despidos por causas económicas y el compromiso de mantenimiento del empleo de los ERTE “podrían incidir negativamente sobre la viabilidad de algunas empresas que estén reactivando su actividad o dificultar el mencionado proceso de reasignación de recursos”.