MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirma que la capacidad de algunas empresas para devolver su deuda “se ha deteriorado”, especialmente en el caso de aquellas que operan en los sectores más afectados por la pandemia y que aún sufren algunas restricciones.
Hernández de Cos achaca esta situación a un descenso de los flujos de caja esperados y a un mayor endeudamiento de las empresas. De esta forma, y debido a la extensión de la crisis originada por la pandemia de Covid-19, la preocupación se habría trasladado desde el riesgo de liquidez hacia el deterioro de la solvencia de las empresas.
Por ello, el gobernador del Banco de España considera que las políticas económicas “tienen que seguir apoyando a las compañías viables cuya solvencia ha empeorado” por la crisis.
Así se ha pronunciado durante una conferencia organizada por el Banco de España junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) titulada ‘Una recuperación rápida para limitar las secuelas de la crisis del Covid-19 en las empresas españolas’.
Durante el acto, el vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho, ha presentado los principales resultados de una encuesta realizada en 2020 sobre inversión en España y ha destacado que casi la mitad de las empresas españolas piensa invertir menos debido a la pandemia, si bien ha calificado de “alentador” que un gran porcentaje de compañías “haya adoptado tecnologías digitales y espere aumentar su uso debido a la crisis sanitaria”.
Además, aproximadamente dos tercios de las empresas ya habrían invertido o planearían invertir en medidas que aumenten su capacidad de resistencia ante eventos climáticos y reduzcan sus emisiones de carbono. “Como banco del clima de la Unión Europea (UE) y uno de los mayores inversores europeos en innovación, el grupo BEI está preparado para apoyar, hoy más que nunca, a las empresas españolas, independientemente de su tamaño, para superar los retos y las barreras a la inversión”, ha afirmado Mourinho.
IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LAS INVERSIONES
En concreto, la encuesta del BEI mide el efecto de la pandemia sobre el sector privado en España. Así, un 48% de las empresas encuestadas espera invertir menos debido a la Covid-19, mientras que caso dos de cada cinco empresas tendrían previsto abandonar o retrasar sus planes de inversión debido a la pandemia, con un porcentaje similar al de sus contrapartes de la UE (35%). Solo el 13% de las empresas espera continuar con al menos algunos de sus planes de inversión, un porcentaje inferior a la media de la UE del 18%.
Para superar las dificultades económicas actuales, las empresas consideran que el aumento de la capacidad respecto a los productos o servicios existentes es la principal prioridad en los próximos tres años (34%), seguido por la sustitución de edificios, maquinaria, equipos y tecnologías de la información existentes (un 20% en España frente al 34% en la UE).
Por otro lado, casi tres de cada cuatro empresas (un 74%) declara haber aplicado, total o parcialmente, las tecnologías digitales necesarias. Este porcentaje es considerablemente superior al de la media de la UE (63%) y similar al de los Estados Unidos (74%). Casi la mitad de las empresas (49%) afirmó que el mayor uso de las tecnologías digitales será el principal impacto a largo plazo de la Covid-19 en su actividad.
LA REPERCUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS INVERSIONES
Tres cuartas partes de las empresas españolas (77%) aseguran que el cambio climático tiene repercusiones en su actividad, muy por encima de la media de la UE (58%). Tres de cada cinco empresas en España (60%) invertirían ya o tienen previsto invertir en proyectos relacionados con el clima, quedando ligeramente por debajo de la media de la UE (67%), y la mitad de las empresas (51%) habría invertido en medidas para mejorar su eficiencia energética, lo que las sitúa algo por encima de la media de la UE (47%).
La encuesta del BEI recoge que los principales obstáculos para que las empresas españolas inviertan en actividades destinadas a hacer frente al cambio climático sería la incertidumbre respecto el marco regulador y la fiscalidad (81%), seguido por el coste de la aplicación de estos cambios (78%) y la incertidumbre en cuanto a las repercusiones del cambio climático (75%).